jueves, 14 de marzo de 2013

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013. La legislación española aplicable a los desahucios vulnera la normativa comunitaria.




El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima,  mediante sentencia dictada hoy, que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar suficiente protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

La razón es que la  legislación española no permite a los tribunales paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, sino que esta cuestión debía ventilarse en otro juicio, una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El Tribunal acoge las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, en el Asunto C-415/11,  sobre "Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011- Mohamed Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)".

En dicho asunto se estudia el caso de un consumidor que plantea la existencia de cláusulas abusivas en un contrato de préstamo con una entidad financiera -Caixa d’Estalvis de Catalunya- que ocasionó un desahucio de su vivienda por impagar las cuotas de dicho préstamo.

Las cláusulas del contrato de préstamo suscrito por el demandante disponían que el tomador del préstamo incurriría en mora automáticamente, sin necesidad de intimación o reclamación alguna, si dejase de pagar a su vencimiento, incluso por vencimiento anticipado, cualquier cantidad debida por intereses o amortización. Los intereses de demora serán liquidables día a día y se calcularon al tipo del 18,75 %.

Además, se estipulaba que la caja de ahorros podía dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo, entre otros motivos cuando venciese alguno de los plazos estipulados y el deudor no hubiese cumplido su obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo.

Se recogía también que las partes acordaban inscribir en el Registro de la Propiedad esta causa de vencimiento para, en su caso, poder reclamar judicialmente la totalidad de la deuda (capital más intereses) con arreglo a lo dispuesto en el artículo 693 de la LEC.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona suspendió el procedimiento, planteando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.

2) Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo –en este caso 33 años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.

b) A la fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18 %– que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.

c) A la fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»

En la sentencia dictada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que "la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".

En su fallo el Tribunal enfatiza que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva".

"La directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final"

Ver la sentencia aquí

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martes, 12 de marzo de 2013

El Banco de España silenció ante el FROB la situación de Bankia





Esto es lo que nos cuenta hoy El País sobre el culebrón de Bankia, recogiendo las sabrosas declaraciones ante la Audiencia Nacional del Subgobernador del Banco de España -y presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Ariztegui, quien llega a afirmar sobre la fusión de Bancaja y Caja Madrid que "el plan de integración de ambos era razonable, era viable y lo apoyamos”.

Leyendo lo que leemos, la situación es mucho más preocupante de lo que nos temíamos... ¿seguiremos confiando en la supervisión que (se supone que) hacen estos señores a las entidades financieras?

El Banco de España no dio al FROB la voz de alarma sobre Bankia

Javier Aríztegui, subgobernador y presidente del fondo de reestructuración, declaró al juez que no avisó de que se podía perder el dinero público invertido en la entidad

El exsubgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, era el responsable de llevar “el día a día de la supervisión”, según declaró Miguel Fernández Ordóñez, gobernador de esta institución en la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia. Esta función le confiere a Aríztegui un papel clave para conocer el detalle de lo ocurrido en la crisis de Bankia, que está bajo la investigación del juez Fernando Andreu, tras haber exigido 22.424 millones de dinero público.

Además, Aríztegui, por su condición de subgobernador, ocupó otro puesto muy relevante: presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es la UVI de las entidades, y es responsable de inyectarles el dinero de los contribuyentes. A finales de diciembre de 2010, el FROB colocó 4.465 millones en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, para reforzar su capital. En septiembre de 2011, los inspectores del Banco de España analizaron la entidad y alertaron de que era muy difícil recuperar el dinero colocado. “A pesar del superávit de fondos propios existentes, se estima dudosa la devolución de fondos del FROB”, afirmaron en un informe de la inspección que vio la luz en diciembre de 2011, cinco meses después de que Bankia saliera a Bolsa.

Aríztegui conocía esta situación por ser subgobernador, pero la cuestión es si advirtió al FROB del riesgo que asumía. “¿Tomó alguna medida usted en el FROB para evitar este riesgo ante la alerta temprana de los inspectores?”, le preguntó Andrés Herzog, abogado de UPyD, uno de los denunciantes de Bankia en este caso.

Aríztegui lo negó. Justificó su actitud porque “la labor del supervisor es absolutamente confidencial, como marca la ley”. Explicó que la supervisión que hace el Banco de España en Bankia no se lo dice a la CNMV ni ningún otro organismo “porque me lo prohíbe la ley. Puedo ser subgobernador del Banco de España pero en el FROB estoy como presidente de la comisión rectora; puedo conocer la situación de Bankia y de otras entidades pero el FROB como tal no conoce eso, lo conoce el Banco de España”. 

El número dos de Ordóñez restó validez a los “informes de seguimiento” de la inspección, pese a que la mayoría de los conocidos, han sido premonitorios. “Los equipos de trabajo, 15 o 20 personas, vuelcan sus opiniones en los documentos de trabajo, el informe de seguimiento, que son de ámbito interno del Banco de España. Los informes de seguimiento son borradores de trabajo, donde sus miembros de los equipos plasman sus opiniones. No es un documento que sirve para tomar decisiones a la comisión ejecutiva para pedir por requerimientos cambios ni medidas ejecutivas”.

Pero todo esto no puede salir de los muros de esta institución. “Si los supervisores dijeran a los mercados todo lo que conocemos de las entidades, en España y todo el mundo, no existirían los mercados ni la supervisión porque los supervisores conocen la realidad”, afirmó. Por eso justificó no se realizara ningún aviso a los mercados. 

El subgobernador comentó que, pese a los apuros que sufría BFA, el Banco de España no impidió que su filial Bankia anunciara que iba a repartir dividendos por el 50% de los beneficios. “El FROB le había dado el préstamo a BFA, no a Bankia”, aclaró. 

Los inspectores también dijeron en diciembre de 2011: “La matriz BFA no es una entidad viable, diagnóstico que es compartido por el presidente de BFA” [Rato ]. “A nivel individual, cabe señalar las dudas que genera las valoraciones de las acciones de Bankia en el activo de BFA, que es un muy relevante para la solvencia”. El letrado le preguntó si él FROB valoró ese riesgo. 

Aríztegui comentó que cuando con BFA sacó a Bolsa Bankia “se analizó si se deterioraba la calidad del FROB como acreedor. Entendimos que salir a Bolsa y venderlo era ponerlo en valor para obtener el precio más adecuado. Entendimos que no había un deterioro, que era legal”. Luego llegó el desastre.

Durante toda la declaración en la Audiencia, que duró casi cuatro horas, Aríztegui negó que el Banco de España aprobara el plan de recapitalización de Rato presentado el 4 de mayo de 2012, en las vísperas de su dimisión. “Nos entregaron un borrador para que empezáramos a mirarlo. Los mercados estaban nerviosos. Europa daba mucha guerra porque el euro podía caer y la pieza estratégica era España. Si no se convencían de que trabajábamos a fondo, probablemente hubiéramos arrastrado a la moneda, era un drama”. Entonces, el ministro de Economía, Luis de Guindos, “habla con el presidente de Bankia” y tomó los mandos en la crisis, comentó. “Cuando se tomaron estas decisiones [las reuniones con los grandes banqueros que terminaron con la salida de Rato] ni el gobernador ni yo estábamos en Madrid, sino en Basilea”. 

Otro de los temas del interrogatorio fue si forzaron la fusión de Caja Madrid con Bancaja.  “Nosotros nunca casamos a nadie, lo que hicimos fue presentar a dos amigos”, resumió. “El Banco de España ni conmina ni amenaza. Bancaja quería seguir en solitario y le dijimos que su plan era irreal”. "El plan de integración de ambos era razonable, era viable y lo apoyamos”. Luego llegó la realidad y los ciudadanos pagaron la factura. 

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lunes, 11 de marzo de 2013

Un caso real: así presiona E.on a una anciana para hacerle el contrato de la luz





Oir la grabación aquí:

Mire, yo soy muy mayor y estoy enferma. Eso tiene que aclararlo mi hijo y no vive aquí.

— Ya, pero esta es la última pregunta, me tiene que decir sí o no para continuar. ¿Es correcto el número CUP? 

  Sí, sí.

— Vale, pues ya no le hago más preguntas, es sólo lectura mía. 

— Pero mire, si quiere hablar con mi hijo...

— No, si ya solamente voy a leer, no hace falta, no le voy a preguntar más. Mire, su solicitud ha sido registrada... 

— Pues cuando venga mi hijo le digo que...

— No, queda un minuto, solamente es lectura mía, ¿de acuerdo?

Esta conversación telefónica entre un teleoperador de la empresa E.on y una anciana de 83 años tuvo lugar el 3 de diciembre del año pasado. Un mes después, la carta con el contrato para cambiar el suministro eléctrico de Unión Fenosa a la compañía alemana llegaba al domicilio de doña Amelia. Ella vive ahora en una residencia y son sus hijos quienes recogen periódicamente la correspondencia. "No entendí nada y llamé en dos ocasiones a Atención al Cliente de E.on para protestar por la incidencia", cuenta a Público el hijo de la afectada, Enrique Costas, quien mandó también una carta certificada a la empresa solicitando una grabación de la llamada y que el contrato fuera revocado. "No recibí respuesta a la carta, por lo que entendí que el contrato seguía vigente", cuenta Enrique. El 27 de febrero recibió el mail con la grabación de la llamada a su madre. Seis minutos que le dejaron "en shock".

  A ver, le informo de que usted ha contratado el servicio durante un año [...]

— Mire, yo tengo otro hijo que vive en Santiago, va a venir hoy o mañana...

 — Ya, pero yo tengo que leer esto. Si no me interrumpe, tardo menos de un minuto. Le informo de que esta promoción tiene una permanencia de 12 meses [...] 


— Oiga, mire, señor, por favor, yo soy una señora de 83 años y estoy enferma. Y quien lleva esto son mis hijos, entonces mejor será que hable directamente con mis hijos. 

— Ya, pero yo tengo que hablar con el titular del contador, pero si quiere continúo; si no, no, lo que usted me diga. Pero tengo que hablar con usted, no puedo hablar con sus hijos, puesto que usted es la dueña. 

  Es que yo no entiendo nada de eso, hombre. 

— Todo esto lo va a recibir por escrito. Es un texto legal lo que le he leído, todo esto lo va a recibir por escrito. 


Costas mandó un correo electrónico a E.on protestando por la mala praxis del teleoperador del que, según explica, tampoco obtuvo respuesta. Ha denunciado el caso a la Agencia de Protección de Datos, porque el teléfono de su madre está en la lista Robinson, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Vigo y ha puesto la grabación en conocimiento de la Fiscalía Superior de Galicia "por si aprecia algo más que una práctica comercial".

Un portavoz de E.on asegura a Público que el caso "está resuelto desde el 5 de febrero pero que ha sido imposible contactar con la titular del contador para informarla". La anciana vive ahora en una residencia pero Costas asegura que la empresa tiene sus datos y podría haberse puesto en contacto con él. "En la carta certificada que mandé a E.on figura mi dirección postal, como remitente de la reclamación y en todo el procedimiento aparece mi correo electrónico, porque es a éste al que han enviado la grabación", explica. "Mi primera llamada quejándome por lo sucedido es de mediados de enero, la segunda, del día 23, y la carta certificada la reciben el 30 de enero. Plazos más que suficientes para responder en un sentido u otro, disponiendo la empresa de hasta tres canales diferentes, facilitados por mí, para hacerlo", añade Costas.

E.on insiste en que el contrato no se hizo efectivo y que la compañía tomó "las decisiones oportunas para que esa incidencia no vuelva a suceder" dado que E.on tiene "unos criterios muy estrictos en la atención al cliente y ese operador no cumplía los protocolos".

"Ha sido una situación irregular que detectamos también internamente" sigue el portavoz, a la que se le ha unido "un problema de comunicación", concluye. Costas desmiente los intentos de E.on de contactar con su familia y repite: "A día de hoy todavía nadie me ha notificado nada". "Lo que me indigna es que digan que habían anulado la contratación el día 5 de febrero y a mí me envían por correo electrónico el 27 de febrero la grabación con la que intentan acreditar la existencia de ese contrato", protesta. Costas insiste en que no denuncia la cuestión administrativa. "Lo que denuncio públicamente es el trato que mi madre (y, supongo, mucha otra gente) recibe en estas llamadas de captación/secuestro de clientes", afirma.

Fuente: Diario Público 

sábado, 9 de marzo de 2013

El expolio de las cajas de ahorro. Caja Navarra pagó dietas de hasta 2.680 euros a miembros y exmiembros del Gobierno Foral por reuniones de una hora



Cuatro cargos de Unión del Pueblo Navarro cobraron dietas de entre 2.680 y 1.717 euros brutos por participar en reuniones de una hora en Caja Navarra. En algo más de un año, la Junta de Entidades Fundadoras de la caja convocó 16 reuniones, cada una de una hora y agrupadas de dos en dos en un mismo día para que fuera más cómodo para sus miembros. Eso supuso que el ex presidente navarro Miguel Sanz recibiese por reunirse dos horas en un solo día casi 5.700 euros brutos, por 3.434 euros que percibía por el mismo trabajo la actual presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina.

La juez de Pamplona María Paz Benito, que instruye la causa contra el expresidente navarro Miguel Sanz y el ex director general de Caja Navarra (CAN) por su gestión de la entidad financiera, tuvo que enviar el pasado 1 de marzo a la Guardia Civil a la sede de CAN para recabar la documentación que había solicitado en repetidas ocasiones desde un mes antes.

Se trataba de las actas de la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, un ente creado tras la salida de los cargos públicos del consejo de administración de la caja y que revelan que tres miembros de UPN, Miguel Sanz, la actual presidenta navarra, Yolanda Barcina, y el ex consejero de economía, Álvaro Miranda, percibían dietas por unas reuniones de apenas una hora de duración. Celebraban dos reuniones en un día de convocatoria y las remuneraciones por cada una de ellas iban desde los 2.680 euros brutos que recibía Sanz como presidente de ese órgano a los 1.717 del resto. En las últimas 6 ocasiones acudió también el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN).

Desde el 31 de agosto de 2010 al 26 de septiembre de 2011, este ente celebró 16 reuniones en 8 días diferentes, con una periodicidad aproximada de 6 semanas. Las actas de los encuentros, que han sido facilitadas por el colectivo Kontuz, autor de la denuncia contra Sanz y Goñi, desvelan que la única función que tenían era la lectura por parte del secretario general de Caja Navarra de un informe de los avatares financieros de la entidad, sin que ninguno de los asistentes formulase preguntas.

La existencia de este órgano ni siquiera la conocían, en un inicio, los otros 6 miembros de la junta ordinaria de fundadores, en la que había 7 cargos de UPN y 2 del PSN. De hecho, no es hasta un año después de su puesta en marcha cuando aparece en los estatutos de Caja Navarra, por lo que Kontuz considera que no tenía soporte legal.

Por otra parte, pese a dejar el cargo de presidente foral, Miguel Sanz siguió cobrando como presidente de esta comisión permanente durante 6 sesiones. En total, durante un año, Sanz recibió 42.880 euros y Barcina 27.472, a los que hay que sumar las dietas, de igual cuantía, por las reuniones de la comisión ordinaria, cuyas actas no ha logrado todavía la juez Benito y que tuvieron una periodicidad similar.

Barcina se atribuyo este jueves la eliminación de estas dietas, aunque lo hizo después de que las revelara el periódico local Diario de Noticias. Miguel Sanz, por su parte, tras dos semanas negándose a acudir al Parlamento de Navarra para explicar su papel en CAN registró este jueves una solicitud para acudir a la cámara. 

Barcina equipara sus 3.443 euros por hora con el sueldo de un albañil trabajando a destajo

Lejos de la autocrítica, Yolanda Barcina volvió a justificar ayer el cobro de dietas dobles y triples en Caja Navarra en una huida hacia delante cada vez más difícil de sostener. 

Ante las nuevas revelaciones sobre cómo funcionaba el abusivo cobro de dietas en Caja Navarra, la presidenta volvió a recurrir a argumentos expresados anteriormente, como que fue ella quien decidió suprimir el sistema de remuneraciones cuando llegó al Gobierno o que la responsabilidad final era del director de la entidad, Enrique Goñi. Barcina defendió así que las dietas de Caja Navarra no eran sino un complemento salarial de sus retribuciones como cargo público; que estaban relacionadas con "las responsabilidades" asumidas y no con la participación en las reuniones; e incluso que las cantidades percibidas, hasta 5.360 euros brutos por dos reuniones consecutivas de apenas media hora, "hace cinco años no sorprendían a nadie". 

Barcina llegó a defender las cantidades percibidas argumentando que durante su cobro "el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados". "Podía ganar un albañil 5.000 ó 6.000 euros y ahora resulta que está en paro. ¿Cómo no le van a sorprender estas cifras a una persona que está en paro? Yo lo entiendo perfectamente", afirmó ayer en RNE

Fuentes:

domingo, 3 de marzo de 2013

Agua: del derecho al negocio. Sobre la venta de la gestión municipal del suministro de agua a empresas privadas

La ONU declaró el agua como un derecho humano en 2010
La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación 

Reportaje de LUCÍA VILLA en Diario Público

Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.

Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.

"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.

En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.

"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.

Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.

Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.

Un valor de mercado

El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.

Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.

Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".

Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.

Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.