domingo, 20 de enero de 2013

El jefe de la asesoría jurídica de La Caixa, nombrado magistrado del TS de la Sala que juzgará preferentes y swaps



El día 29 de noviembre de 2012, el pleno del CGPJ acordó por mayoría nombrar al abogado Sebastián Sastre como nuevo magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el turno de juristas de reconocida competencia. Parece en principio una noticia de carácter exclusivamente judicial, un nuevo magistrado que cubre una vacante.  Ahora bien, si se añade el dato de que el nombrado es el jefe de los servicios jurídicos de La Caixa y lo ha sido durante 25 años, y que la sala de lo civil es la que tiene que conocer de asuntos como las preferentes, los swaps, los productos estructurados o del posible carácter abusivo de ciertos intereses de demora o de la cláusula suelo en las hipotecas, pasa de ser una noticia meramente judicial o serlo también desde el punto de vista del consumidor y de las entidades financieras. Estos son los datos:

Sebastián Sastre es abogado y desde 1969 trabaja para entidades financieras: Banco Atlántico, Banco de Europa y desde 1985 y durante más de 25 años, director ejecutivo de la asesoría jurídica de La Caixa y secretario del Consejo de Administración  de distintas empresas del grupo “La Caixa”.

Durante su etapa como jefe de la asesoría jurídica en La Caixa, y en el desempeño de sus funciones, figura como responsable del contenido, en nombre de la caja, de los productos financieros la misma que ofrece, como éste de renta fija y deuda subordinada.

En este mismo desempeño, ha defendido a la entidad con los correspondientes documentos y argumentaciones frente a las reclamaciones de los consumidores clientes de la misma, por ejemplo en este escrito respecto de una reclamación por un swap ante el Banco de España, fechado en 2010, en el que se alega que este producto era adecuado para el reclamante, cliente minorista de la caja (enlace obtenido desde este blog).

Tiene una posición doctrinal de cierto prestigio en su ámbito jurídico, pero claramente escorada hacia la posición de los bancos frente a los clientes. Pasa por ser el introductor en España del pagaré en blanco como garantía de cumplimiento de un contrato de préstamo mercantil, el cual, prescindiendo de detalles técnicos, es un mecanismo que ofrece enormes ventajas a los bancos frente y en perjuicio de sus clientes, parte débil, y que el autor de este artículo, en sus conclusiones, considera que es una figura en fraude de ley y claramente abusiva.

Se da la circunstancia de que todos los candidatos finalistas para el puesto, excepto el elegido, eran catedráticos; el nuevo magistrado tiene la categoría de profesor titular.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es también la competente para conocer de los asuntos de  Derecho Mercantil, y ello incluye todos los polémicos asuntos acerca de comercialización de productos financieros a consumidores, como preferentes, swaps y estructurados: Y también temas como la determinación del carácter abusivo o no de la cláusula suelo en las hipotecas o de los a veces muy elevados intereses moratorios.

No voy a prejuzgar ni criticar algo que no se ha producido, como es la posición que adoptará el nuevo magistrado en estos asuntos o en otros en los que puedan estar implicados entidades financieras y consumidores. Pero con los datos que ya tenemos sí se pueden hacer algunas consideraciones y preguntas, tanto de presente como de futuro. Juzgar es una actividad compleja y sutil que exige del juzgador un análisis y un discurso racionales que le permitan valorar el caso concreto para ofrecer una solución justa y conforme al ordenamiento jurídico. En este interesante artículo se analizan lo que se denominan sesgos cognitivos  en el ámbito judicial, es decir procedimientos mentales de simplificación que tienden a reducir la complejidad de la información recibida de modo que sea posible tomar decisiones de forma eficiente. Uno de ellos es el llamado sesgo de confirmación“Este proceso mental se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial, e ignora y no valora las pruebas y argumentos que no respaldan la misma. El sesgo de confirmación es una tendencia irracional a buscar, interpretar o recordar información de una manera tal que confirme alguna de nuestras concepciones iniciales o hipótesis. La evidencia de que el juez instructor se ve afectado por este sesgo ha llevado al legislador separar las funciones instructora y decisoria, de manera que, el Juez que instruye una causa, no puede fallar sobre la misma.

Cuando al TS lleguen cuestiones derivadas de enfrentamientos judiciales entre entidades bancarias y consumidores, parece realmente muy complicado que alguien con esta actividad profesional sea capaz de obviar todo su pasado y de evitar este sesgo congnitivo. Ha estado asesorando sobre productos financieros y creando su estructura legal; ha defendido a la entidad con argumentación jurídica en todas las instancias; ha creado líneas de defensa analizando el Derecho desde el punto de vista de la caja y para su beneficio; tiene una posición doctrinal legítima, pero militante en la defensa de los intereses de los bancos (y por tanto en contra del cliente reclamante)… En aquellos asuntos en los que una parte sea un banco y otra un consumidor, aún cuando quisiera librarse del peligro del sesgo de confirmación ¿sería posible abdicar de la perspectiva de toda una vida? El artículo 219.13 LOPJ prevé como causas de abstención o recusación  “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”. Si llega al TS una reclamación por un swap de La Caixa ¿se abstendría? ¿Y si es de Banco Santander? ¿Y si es de BBVA pero los argumentos empleados provienen inicialmente de La Caixa? ¿Y si los argumentos de una de las partes, la bancaria, son directamente obra intelectual del nuevo magistrado? ¿Y si no son suyos pero sí de compañeros de otras entidades con los que ha hablado e intercambiado ideas sobre estos temas en las reuniones sectoriales? ¿Y si son de Unicaja pero los argumentos que utiliza el consumidor son los mismos que ya ha rebatido en escritos como asesor jurídico de La Caixa?… ¿Es oportuna esta elección? ¿Qué mensaje se está ofreciendo?

Hay una famosa crítica de una obra de teatro de hace unas décadas que simplemente dijo: “Ayer, en el teatro *** se estrenó la obra ***. ¿Por qué?”.

Por qué, efectivamente, ésta es la cuestión. No era el único candidato.

El nombramiento por parte del CGPJ se ha producido por 13 votos a favor en segunda votación.Al respecto caben dos posibilidades. La primera constituye el supuesto ideal: los integrantes del Consejo, de manera independiente, sin aceptar ninguna presión, valorando exclusivamente los méritos de todos los candidatos y su aptitud para servir a la sociedad de manera adecuada en un puesto de tanta responsabilidad, han optado por este candidato. El problema es que hemos llegado a una situación de descreimiento tal que esta primera posibilidad, tal y como la he formulado, si no se aclara que se está proponiendo en serio, parece que se está siendo sarcástico. Nadie sostiene seriamente que el CGPJ, en las decisiones de importancia política, actúe con criterios de bien común, eficacia y excelencia. Por el contrario, como hemos expuesto en muchas ocasiones en este  blog, aquí y aquí por ejemplo, está completamente politizado, esto es, sometido a los intereses de esa élite extractiva que conforman los partidos mayoritarios y sus terminales de la que habla César Molinas.  Pero vamos, tampoco es un secreto, el mismo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, admite que es un órgano politizado, dándole un sentido positivo a la expresión, pero se olvida de añadir que la política que hace no es la que interesa al Poder Judicial y a la defensa de su independencia, sino la que le dicta el establishment político. 

La segunda posibilidad es, sencillamente, la contraria: el nombramiento no ha sido hecho exclusivamente con criterios técnicos, sino políticos, de conveniencia de los integrantes de la enquistada clase política y económica que tenemos en España, entre los que existe una indiscutible relación de apoyo y defensa mutuos. Y es evidente que así ha sido. Una cosa es no prejuzgar el futuro y otra ser un ingenuo.  Como dijo ayer mismo el coeditor Rodrigo Tena hablando de otro Rodrigo (Rato) en este post, “el conglomerado político financiero que controla este país no responde de nada, ya sean políticos-empresarios o empresarios-políticos. Se indultan unos a otros, se contratan unos a otros, se colocan unos a otros”

Quizá habría que añadir que también se juzgan unos a otros.
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sábado, 19 de enero de 2013

Sobre el desigual reparto de recursos. Los ingresos en 2012 de las 100 personas más ricas del planeta podrían acabar cuatro veces con la pobreza mundial



Los líderes deben atajar la desigualdad global al menos a los niveles existentes en 1990.

La explosión de la riqueza y los ingresos extremos está exacerbando la desigualdad y dificultando la capacidad mundial para atajar la pobreza, según advierte hoy la organización internacional Oxfam en un comunicado hecho público a pocos días del Foro Económico de Davos, que tendrá lugar la semana que viene.

Los 240.000 millones de dólares de ingresos netos de las 100 personas más ricas del planeta bastarían para acabar cuatro veces con la pobreza extrema, según el informe ‘The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all’. (El coste de la inequidad: cómo la riqueza y los ingresos extremos nos dañan a todos). El informe hace un llamamiento a los líderes mundiales para contener los ingresos extremos y que se comprometan a la reducción de la desigualdad, al menos hasta los niveles existentes en 1990.

El 1% de las personas más ricas del planeta han incrementado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años y la crisis financiera no ha hecho más que acelerar esta tendencia, en lugar de ralentizarla.

Oxfam advierte de que la riqueza y los ingresos extremos no solo no son éticos, sino que además son económicamente ineficientes, políticamente corrosivos, socialmente divisores y medioambientalmente destructivos.

Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam afirma: “No podemos seguir fingiendo que la generación de riqueza por unos pocos beneficiará inevitablemente a muchos – muchas veces la realidad es al contrario.”

“La concentración de recursos en las manos del 1% más rico debilita la actividad económica y hace la vida más difícil para el resto – particularmente los que están el los peldaños más bajos de la escalera económica.”

“En un mundo en el que incluso los recursos más básicos, como la tierra y el agua son cada día más escasos, no podemos permitirnos concentrar activos en las manos de unos pocos y dejar a la mayoría pelear por lo que queda”.

Se estima que quienes conforman el 1% más rico utilizan unas 10.000 veces más carbono que un ciudadano norteamericano medio.

Necesitamos un New Deal

Oxfam afirma que los líderes deben aprender de los éxitos actuales de países como Brasil, que ha crecido rápidamente al tiempo que reducía la desigualdad – así como el éxito histórico de los Estados Unidos en los años 30 cuando se implantó del New Deal de Roosevelt que ayudó a reducir la desigualdad y acabar con intereses creados.

Según Hobbs “necesitamos un New Deal global para revertir décadas de incremento de la desigualdad. Como primer paso los líderes mundiales deberían comprometerse formalmente a reducir la desigualdad a los niveles existentes en 1990”.

“Desde paraísos fiscales hasta débiles leyes de empleo, los más ricos se benefician de un sistema económico global que está amañado a su favor. Es hora de que nuestros líderes cambien el sistema para que funcione en el interés de toda la humanidad en lugar de hacerlo para una élite mundial”.

Acabar con los paraísos fiscales – que albergan cerca de 32 billones de dólares (o una tercera parte de la riqueza global) podría generar 189.000 millones de dólares adicionales en recaudación impositiva. Además, el New Deal debería incluir elementos como:
  • Revertir la tendencia hacia una forma impositiva regresiva
  • Aplicar un tipo mínimo global a las empresas
  • Medidas que incrementen los salarios en comparación con los rendimiento del capital 
  • Incrementar las inversiones en los servicios públicos universales y en redes de protección
Más información

Descárgate el informe (disponible solo en inglés): The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all


Únete a la campaña Tasa Robin Hood

jueves, 17 de enero de 2013

Una historia increíble: Francine Marcelle, ciudadana francesa que vive en el Bosque de Muniellos y a la que le importa un pito la prima de riesgo...






«El primer día que estuve aquí, el 2 de agosto del año 2009, vi mi primer lobo. Estaba reparando la tienda para dormir y lo vi justo ahí detrás (señala a un lugar a escasos metros). No se puso nervioso, ni yo tampoco, le dije: “Hola, guapo” y al poco se fue. Luego, durante muchos días, venía con la manada por aquí, de noche».

Con total tranquilidad y naturalidad, Francine Marcelle relata el que fue su primer encuentro con un animal salvaje –«los animales no te atacan, eso son cuentos para niños. Atacan más los de dos patas...»– en pleno bosque.

Esta francesa de 50 años vive desde hace más de tres años en el pueblo de El Corralín (Degaña). El pequeño poblado está enclavado en Muniellos. No exactamente en lo que se considera Reserva de la Biosfera, pero sí en el mismo bosque. Fue abandonado en los años setenta y después fue pasto de las llamas, tal como se aprecia aún en las edificaciones derruidas, de lasque sólo quedan en pie las paredes de piedra.

Para acceder hasta El Corralín hay que atravesar el bosque. Hay que ascender hasta el cementerio de Sisterna y El Bao, dos pueblos de Ibias (que junto a El Corralín eran antiguamente las aldeas de los tixileiros, que se dedicaban a la venta itinerante de piezas de madera) y, desde allí, emprender una pronunciada bajada entre los árboles hasta llegar al río Ibias. Cruzarlo por un par de puentes de madera y aún restará ascender, de nuevo, hasta las casas. En total es un recorrido, a pie, que puede llevar más de una hora y media, sin más camino que el que permite poner un pie delante del otro. A Francine Marcelle ni la cansa, ni la preocupa el largo y complicado camino para llegar a su hogar.

La mujer llegó a Muniellos desde Andalucía. «Yo estaba muy enferma. Desde pequeña he tenido un problema respiratorio muy grave que me llevó a numerosas operaciones. Decidí dejar París y vine de turismo a España. Me encantó, así que me quede», relata. El calor andaluz, no obstante, no era nada bueno para su salud. Por eso se puso a buscar lugares donde pudiera vivir y, gracias a internet, se encontró con un bosque que le robó el corazón: Muniellos. Y decidió que ahí iba a vivir.

Cogió un autobús y se plantó en Oviedo con su perrita «Max» y, paso a paso, se encaminaron hacia Muniellos. «Sólo tenía mi carretilla y mi perra. Supongo que habrá gente que se acordará de mí, incluso llegué a dormir en el cementerio de Cangas del Narcea».

El día 1 de agosto de 2009 llegó a Sisterna y El Bao. «Me encontré con que había mucha gente en el cementerio, estaban enterrando las cenizas de un hombre y es como empecé a conocer a la gente». Esa misma gente, los vecinos de los pueblos de la zona, no daba crédito a lo que veía.

Francine no sólo contaba una historia increíble, sino que tenía un aspecto muy enfermo: «Sangraba por la nariz, por los ojos, por los dientes... Estaba muy, muy enferma. Pero no hay nada que el aire y el agua de Muniellos no curen. Un año después estaba fantástica, como no he estado en décadas». Fueron muchos de estos vecinos los que, sin ella pedirlo, fueron acercándose a su casa a ponerle tejado, a llevarle madera, a echarle una mano: «Se portaron fenomenal, la mayoría. Yo pensé que estaría mucho tiempo durmiendo en la tienda y ahora tengo una casa. Algunos dicen que es una chabola, pero a mí me parece un castillo».

Marcelle vive de un pequeño huerto que ha plantado –«los tomates de El Corralín son los mejores del mundo»–, de las castañas de la zona y de lo que compra con lo que consigue vendiendo prendas de lana que teje.

«De vez en cuando voy hasta el “Tixileiro”, de Sisterna, porque siempre han sido muy buenos conmigo, y puedo comprar algo. O bajo hasta Cangas». Para ir hasta Cangas tiene que coger el autobús de las siete de la mañana, lo que significa que ha de salir de su casa a las cuatro y media, con una pequeña linterna. Es en esos paseos en los que se ha encontrado varios osos: «A uno, que es muy grande, lo he visto 18 veces este año. Otro me lo encontré en medio del camino otra vez y se apartó para dejarme pasar; lo sé porque, cuando pasé, volvió a ponerse en el camino. Los guardias dicen que los animales ya me conocen, conocen mi olor, saben que soy de aquí y están tranquilos conmigo».

Incluso una vez que se tuvo que quedar a dormir en el monte, porque su madre le había mandado un paquete y no podía llevarlo tan rápido, un oso estuvo a cincuenta centímetros de ella. «Estaba con mi perra, que era muy lista, y no dijo ni mu. Ya sabía ella que más le valía estar callada», sonríe Francine Marcelle.

La rutina del que llaman «el ángel francés» de Muniellos –así se a conoce en algunos sitios, «otros me llaman Xana o Dama de El Corralín, pero no me gusta nada»– ha cambiado porque su madre, que es mayor y delicada de salud, se ha trasladado a vivir a Sisterna: «Antes iba muy de vez en cuando, pero ahora voy casi todos los días a verla. Estoy con ella en el sitio que ha alquilado y me quedo hasta el oscurecer. Bueno, eso si no me echa antes», se ríe.

Francine Marcelle, que vivió en París, dice que El Corralín es su casa y que es muy feliz; y lanza un mensaje a los habitantes de la zona: «Asturias es una joya, y los asturianos yo creo que no lo saben del todo. Y han de tener cuidado, porque las joyas siempre las quiere robar alguien. Hay que luchar para que esto siga como está: sin carretera, sin electricidad».
 

Reportaje realizado por Pepe Rodríguez
Fuente: La Nueva España


jueves, 10 de enero de 2013

Un contundente artículo contra la deficiente regulación de los desahucios en España: "Contratos que no pueden cumplirse", de Carlos Castresana Fernández, en El País





Carlos Castresana Fernández


CONTRATOS QUE NO PUEDEN CUMPLIRSE
Carlos Castresana Fernández


"Las partes consienten ‘rebus sic stantibus’, mientras las cosas no cambien"

El drama de las ejecuciones hipotecarias, que se han cobrado ya varias vidas y amenazan el bienestar y el futuro de 350.000 familias españolas, tiene que terminar.

Las disposiciones de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que regulan los préstamos hipotecarios y su ejecución en caso de impago son normas especiales, pero no tanto como para que no deban ser interpretadas, como todas las demás, a la luz de la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas.

Mientras el Gobierno y los grupos parlamentarios deshojan la margarita de las reformas legislativas, invito a los jueces a reconsiderar la interpretación de las normas vigentes a la luz de algunos postulados básicos del ordenamiento jurídico.

Un principio fundamental de nuestro sistema legal, social y económico, recogido en el Código Civil, establece que el deudor responde de sus deudas con todo sus bienes presentes y futuros. También es esencial el que dispone que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse en sus propios términos.

Pero no son menos importantes, y están igualmente recogidos en nuestro Código Civil, los que establecen que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, las partes deben conducirse de buena fe; así como la disposición que asegura que la ley no ampara el abuso de derecho ni el ejercicio antisocial del mismo.

Las familias españolas no son responsables de la crisis financiera mundial. Tampoco son culpables de la crisis que se ha desencadenado en España como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Han perdido en seis años una quinta parte del valor de su patrimonio y han retrocedido treinta años de bienestar social, pero la culpa no es suya, sino de la especulación incontrolada de banqueros y constructores, que los Gobiernos de PP y PSOE propiciaron y fomentaron, permitiendo que las viviendas de las familias pasaran, en esos años felices de vino y rosas, de ser un bien de primera necesidad legalmente protegido y de reconocida utilidad social, a convertirse en un producto comercial sometido a los vaivenes del mercado libre en manos de promotores inmobiliarios sin escrúpulos, para ser finalmente transformadas en un producto financiero con el que se podía especular alegremente en la bolsa como si se tratara de fichas de juego sobre el tablero de un casino. Ahora son activos tóxicos de los que hay que deshacerse.

Hace dos milenios que el derecho romano reconoció un principio general de la contratación, en cuya virtud se limitan las responsabilidades de los contratantes cuando graves circunstancias sobrevenidas e imprevisibles alteran sustancialmente el equilibrio entre ellos, haciendo que las obligaciones de alguno resulten inopinadamente, sin culpa ni dolo de su parte, insoportablemente onerosas. Se entiende –y así lo ha entendido también nuestro Tribunal Supremo en situaciones de crisis equivalentes a la actual—que los contratantes dan siempre su consentimiento rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas permanezcan así, de modo tal que, si las condiciones en las que se contrató cambian dramáticamente, el deudor deja de estar obligado en los términos originales porque se estima que el consentimiento que prestó entonces ha perdido vigencia después. A falta de negociación y acuerdo renovado entre las partes, el juez no puede imponer al deudor consecuencias que este nunca hubiera aceptado de haber podido representarse de antemano la situación posterior, porque tales consecuencias, inicialmente lícitas, han devenido injustas.

Los bancos españoles están ejerciendo su derecho contra las familias deudoras de manera abusiva y antisocial, manifiestamente contraria a las reglas de la buena fe. Acuden a los juzgados y solicitan que se ejecuten los préstamos hipotecarios, haciendo completa abstracción del hecho de que los deudores no pueden cumplir porque el contrato ha quedado distorsionado por un cambio radical de las condiciones de los mercados que los propios bancos propiciaron, en buena medida, aprovechándose durante años de una inflación inmobiliaria desmedida para obtener una revalorización artificial de sus activos. Son los bancos quienes sobreestimaron la solvencia de los deudores, quienes tasaron temerariamente al alza las viviendas, quienes determinaron las cuotas y los intereses, los vencimientos y todo lo demás. Ellos calcularon que los deudores podrían pagar, y se equivocaron.

En estas condiciones, los contratos se han tornado profundamente desequilibrados e injustos y no pueden cumplirse tal como fueron pactados. Los jueces no pueden hacer recaer sobre los deudores todas las consecuencias de la crisis y la especulación de las que no son culpables. Nuestro ordenamiento jurídico, simplemente, no ampara que, proviniendo todos los errores que han distorsionado el contrato de una de las partes, las consecuencias las deba pagar la otra parte. La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena taxativamente qué debe hacerse con las acciones ejercidas de mala fe: los jueces deben rechazarlas fundadamente.

El legislador debe determinar, arbitrando procedimientos de quita y espera adaptados a esta nueva realidad, la manera de regular la insolvencia de las unidades familiares. Mientras, a falta de acuerdo entre las partes, los jueces no pueden limitarse a observar y laissez faire: deben imponer una moratoria, aquí y ahora, porque las condiciones en que se pactaron los préstamos de las viviendas de las familias en la última década y media volaron por los aires al estallar la burbuja inmobiliaria y no van a volver; y ejecutar las hipotecas con arreglo a las condiciones originales impuestas en contratos de adhesión por una sola de las partes, en circunstancias muy diferentes, y sobre estimaciones unilaterales completamente equivocadas, resulta inmoral e insoportablemente injusto. Los jueces no deben olvidar cuál es su función primigenia en un Estado de derecho: brindar tutela judicial efectiva.

La pregunta se la hacía hace veinte siglos Cicerón en términos retóricos que hoy evocan trágicamente nuestros desahucios: ¿tengo que devolver la espada al amigo que me la prestó si después ha enloquecido y amenaza con matarme? La respuesta, entonces y ahora, es obvia: no.

Fuente: El País

martes, 8 de enero de 2013

David contra Goliat: una pareja de jóvenes embarga al Banco Popular por cobrarles 9.000 euros de forma fraudulenta

La entidad firmó con la pareja un complejo contrato que se comió sus ahorros

El banco les endosó, apenas recien casados, con limitados ingresos y una hija pequeña a su cargo,  un swap en la firma de su hipoteca que les cargaba de gastos

A Rubén y Lourdes, apenas recién casados, con una niña pequeña y limitados ingresos —él es técnico de frío y ella administrativo— el Banco Popular les endosó en marzo de 2007 un swap —término sajón que se refiere a una compleja permuta financiera— en la firma del contrato de una hipoteca por importe de 160.000 euros para su vivienda. Rubén tenía entonces 25 años y Lourdes, 24. Ni remotamente sospecharon que entre rúbrica y rúbrica estaban aceptando, además del pago de 700 euros mensuales por los intereses de la hipoteca, un contrato referenciado —su valor depende del interés de otro valor de referencia— a un tipo variable, uno de los más complicados productos financieros del mercado y para el que se requiere una formación superior a la media, según el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Se trata de un contrato especulativo que comporta un riesgo para el que lo suscribe y que suele ofertarse a las empresas.

La joven pareja ourensana, que entonces iniciaba su vida en común, solo quería comprar una vivienda. Desconocía que estaba jugándose el dinero ahorrado. Y resultó que solo ganó el banco. Al cabo de un año, los jóvenes se quedaron de piedra cuando al analizar el extracto bancario comprobaron que, además de cobrarles puntualmente los intereses de la hipoteca, la entidad les había cargado 4.000 euros. Casi todos sus ahorros. “Pues podéis respirar, que hay clientes que se quedaron en número rojos”, los consolaron en la sucursal ourensana del Popular, recuerda Lourdes aún indignada. Empezaron entonces un largo periodo de pleitos que acaba de finalizar. Cinco años después aún no han recuperado el dinero, pero un juzgado ha ordenado, en sentencia firme, el embargo de las cuentas del banco para que recuperen la cantidad que les fue “fraudulentamente” sustraída, más intereses de demora: algo más de 7.000 euros.

 “No fue más que un fraude de libro con vicios de presunta actuación criminal”

“No fue más que un fraude de libro con vicios de presunta actuación criminal”, similar al caso de las preferentes, sostiene el abogado de la pareja, José Arcos, que acabó recurriendo al juzgado de primera instancia número 2 de Ourense que ha sentenciado la nulidad del contrato suscrito, después de que su demanda pasara sin pena ni gloria por la vía penal ourensana: se lo archivaron.

Cuando Rubén y Lourdes firmaron, sin ser informados de ello, el complejo contrato financiero aún no había estallado el escándalo de las preferentes; aún no se sabía que los entonces directivos de Novagalicia Banco estaban arruinando la entidad financiera y preparaban una dorada jubilación de cantidades estratosféricas; aún no había saltado por los aires el estado de Bankia. Pero los empleados de las entidades de crédito tenían los necesarios conocimientos para prever que el euríbor, entonces al alza, iba a caer en picado. “El banco utilizó información privilegiada en beneficio propio y en perjuicio de los clientes”, precisa el letrado.

Así consta, además, en la sentencia que declara nulo de pleno derecho el contrato que hizo perder sus ahorros a la joven pareja y que obliga al Banco Popular a devolver ese importe que les retiró a mayores de la cuota de la hipoteca. La magistrada considera “notorio” que la comercialización de estos productos financieros “se inició en masa en un periodo alcista del euríbor, en el año 2007-2008, seguido de una fuerte caída del mismo, de forma que las mayores beneficiadas han sido las entidades de crédito”. La juez precisa, además, que el banco sabía “cuál era la previsible evolución (bajista) de los tipos de interés” frente a la pareja afectada, que “por su formación, carece de especiales conocimientos financieros”.

El juzgado de primera instancia ourensano declaró en una primera sentencia, en junio pasado, “nulo de pleno derecho” el contrato suscrito entre estos clientes y el banco y obligó al Popular a devolver el dinero a la pareja. Entonces cabía recurso de apelación, pero la entidad financiera se hizo la sorda. Ni se molestó en recurrir. Un portavoz oficial de esta entidad ha eludido el requerimiento de este diario para ofrecer su punto de vista. “No hacemos valoraciones sobre nuestros clientes ni sobre cuestiones judiciales relativas a nuestros clientes”, precisó, obviando que la sentencia afecta al propio banco.

Pasado el plazo establecido sin que el banco hubiera dado síntomas de reingresar lo que la justicia había sentenciado, la magistrada ha ordenado embargar al Popular 9.000 euros. La única forma de que Rubén y Lourdes perciban los 7.409,89 en función de "intereses ordinarios y moratorios vencidos" y 2.223 euros más que "puedan devengarse de las costas de la ejecución" judicial.

Medio año después de ese auto, el pasado 2 de enero, el mismo juzgado ha emitido una resolución reclamando una"mejora de embargo sobre los bienes del Banco Popular Español SA," a la vista de la "insuficiencia de los bienes embargados con anterioridad". La resolución no especifica el motivo de esa ampliación de dinero ni la cuantía que reclama a mayores a la entidad. Solo deja claro que es "insuficiente" para la devolución de la parte que corresponde a los clientes del banco y para afrontar además el pago de las costas del juicio. Rubén y Lourdes, que tienen la sensación de haber estar luchando contra Goliat, aún no se lo creen.

Fuente:  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/04/galicia/1357317415_064183.html

domingo, 6 de enero de 2013

Espeluznante denuncia de la Asociación de Inspectores del Banco de España: El Banco de España “miró a otro lado” ante indicios de delitos en las Cajas



En un informe los inspectores consideran que la institución fue “laxa” en la persecución de “remuneraciones estratosféricas y se denuncian injerencias externas en el supervisor 

La crisis financiera ha levantado escándalos de corrupción en algunas cajas de ahorros que han terminado en los tribunales. Los jueces investigan apropiaciones indebidas de varios ejecutivos, lo que ha provocado una gran indignación social, acentuada porque parte de las entidades han requerido ayudas públicas de muchos miles de millones, mientras el Estado recorta servicios básicos a los ciudadanos. No parece este el mejor ambiente para dar carpetazo a la actuación del Banco de España y a la revisión de sus sistemas de supervisión, que ha tenido fallos evidentes. La Asociación de Inspectores del Banco de España denuncia en un informe la actitud del supervisor ante las malas prácticas. “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, proclama una frase del último punto del documento.

Europa reclamó en el Memorándum de Entendimiento “una revisión interna formal” de los métodos de supervisión “a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.

El nuevo gobernador, Luis Linde, anunció en julio pasado que abriría una comisión para analizar los errores de supervisión y proponer mejoras. Ángel Luis López Roa, consejero de la institución, elabora el informe que se cerrará en breve. El subgobernador, Fernando Restoy, consultó la situación con los inspectores, en un gesto de acercamiento para romper más de diez años de fuertes enfrentamientos. La Asociación de Inspectores, que agrupa al más del 80% de estos profesionales, valoró positivamente la buena disposición de la jerarquía y entregó un informe con 30 puntos. En ellos recogen mejoras en la supervisión y fuertes críticas a la actuación de años anteriores.

En el último punto, titulado “Comunicación al poder judicial de los indicios de delitos detectados”, se afirma: “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”. Los inspectores agregan que “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudiera ser delictivas”.

Fuente: El País
Leer la noticia completa aquí

sábado, 5 de enero de 2013

Sobre las relaciones político-empresariales y las mamandurrias: Telefónica ficha a Rato como consejero asesor



Parece que por su brillante y meritoria gestión en Bankia, Telefónica se ha fijado en Rodrigo Rato y ahora nos sorprende "fichándolo" como Consejero Asesor de Telefónica Latinoamérica y Telefónica Europa. 

La compañía aclara que por su experiencia y trayectoria, el  nombramiento viene a "reforzar la visión global de Telefónica, presente en 25 países". También precisa que el nuevo asesor no se integrará en el Consejo de Administración de Telefónica Latinoamérica ni de Telefónica Europa y que como asesor no estará en nómina del grupo, cobrando únicamente dietas por su asistencia a las reuniones a las que sea requerido. La compañía, lógicamente, no ha revelado a cuánto ascienden la cuantía de las dietas que abonará....

Felicitamos desde aquí tanto al Sr. Rato como a Telefónica que, sin duda, con este nombramiento verá incrementada su cartera de clientes.

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