martes, 12 de febrero de 2013

Criminal. Artículo de Rosa Montero sobre la inadmisión en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular de desahucios



Criminal
Rosa Montero
Tenemos la ley hipotecaria más injusta y la aplicamos de la manera más feroz

Hoy, ahora, quizá justo en el momento en que lees este artículo, probablemente se esté perpetrando un acto criminal en el Congreso. Porque apoyar la brutal ley hipotecaria española y no admitir la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la dación en pago supone ser cómplice de un crimen, como dijo con impecable lógica Ada Colau la semana pasada en su formidable intervención, unas palabras esenciales que debería escuchar todo el mundo.

Que quede claro que tenemos la ley hipotecaria más injusta y que la aplicamos de la manera más feroz. En Francia, por ejemplo, hay una moratoria estacional; durante los seis meses de invierno no se desaloja a nadie por el frío. Nosotros, en cambio, no somos capaces de decretar una moratoria temporal ante los rigores de la crisis, como reclama la ILP. Y que la banca no cuente más mentiras: no se pide un coladero para todos los morosos, solo se habla de primeras, únicas viviendas y de deudores de buena fe.

La ILP tiene detrás 1,4 millones de firmas, pero el PP ya ha dicho que la va a vetar. Lo cual implica apoyar esa nueva forma de esclavitud que consiste en perder la casa y por añadidura quedar endeudado de por vida con el banco. Una verdadera muerte social que en ocasiones conduce, en su ciega desesperación, a la muerte real: el último suicidio, por ahora, fue el de F. J. L. en Córdoba hace cuatro días: 36 años, una hija, se arrojó por la ventana con la orden de desalojo en la mano. Que este país de corruptos y sinvergüenzas no sea capaz de parar la carnicería de los desahucios es un abuso inadmisible. Malditos sean los que hoy votan que no. Espero que por lo menos tengan pesadillas.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinion/1360585476_216294.html


viernes, 8 de febrero de 2013

Sobre la demanda de EE.UU. contra Standard & Poor's (II). "Se acabó la diversión", artículo de Pedro de Silva



SE ACABÓ LA DIVERSIÓN

El Imperio es así, no se anda con bromas. Puede resultar agobiante, pero alguien tiene que estar al mando. 

Cuando las agencias de calificación de riesgos empezaron a merodear al dólar, cuestionando la solvencia de USA, tal vez firmaron su propia condena. 

Obama lanzó entonces un aviso, una simple advertencia, pero ahora llega una demanda del Departamento de Justicia reclamando a S&P una suma que puede hundir a esa agencia, por haber acreditado en su día (antes de la crisis) valoraciones de activos que luego resultó que no valían. 

O sea, «llegó el Comandante y mandó a parar», como cantaba (de Fidel) Carlos Puebla. 

Deberíamos preguntarnos -y alguien debería preguntar- por qué la UE no ha hecho eso mismo hace ya mucho, habiendo sido la principal damnificada por la irresponsabilidad de las agencias, primero al no ver llegar la crisis y luego al ahondarla destrozando la confianza.

Sobre la demanda de EE.UU. contra Standard & Poor's (I). "Autorregulación en la piscina de los tiburones", de Xabier Domènech


Es del género absurdo buscar inocencia y buena fe en una piscina llena de tiburones. Como en el cuento, tras la dentellada dirán: es mi naturaleza. Las grandes finanzas son el reino del tiburoneo, y el depredador poco malicioso va a durar dos minutos. Los escualos se dedican en primera instancia a devorar a los peces pequeños y medianos, que por algo están en la cima de la cadena trófica, pero si es menester no dudarán en emprenderla unos contra otros. Pretender que estos simpáticos animales se autorregulen es aceptar que los baños de sangre sean la norma. Y sin embargo, el sistema financiero mundial daba por hecho que algunos tiburones buenos podían aconsejar honestamente a los demás sobre las mejores y las peores inversiones. Su nombre: agencias de calificación de riesgo. Contra una de ellas, Standard & Poor's, ha presentado demanda el Gobierno de Estados Unidos. Pretende que le causó pérdidas por más de 3.700 millones de euros al dar la máxima calificación de solvencia a bonos basados en hipotecas dudosas, las famosas subprime, cuya caída detonó el inicio de la crisis que todavía nos atenaza.

Una vez más, el rastro imprudente de la sinceridad expresada en correos electrónicos da cuenta de intenciones ocultas. «Espero que ya seamos ricos y estemos retirados cuando se caiga este castillo de naipes», escribió un empleado a otro, en 2006. Otros mensajes dan a entender que para calificar un riesgo no solo hay de fijarse en los datos objetivos, sino también en lo que el mercado espera oír. Cuando, en realidad, las sensaciones del mercado son en gran parte fruto de las calificaciones de las tres mayores agencias, y tener o no tener la triple A se convirtió en la obsesión de los tesoros nacionales, por cuanto influye directamente en el precio de la deuda. Que tal dictadura haya continuado tras el fiasco de las suprime solo se explica por la coincidencia de dos factores: los grandes inversores necesitan a las agencias porque no disponen de tiempo ni medios para analizar por sí mismos todas las emisiones del mercado, y aun con sus fallos las tres grandes agencias no tienen una verdadera alternativa. Que sean los propios gobiernos quienes promueven nuevas calificadoras no merece ninguna credibilidad.

Tal vez la demanda de Washington ponga un poco de miedo en el cuerpo de esos gigantes demasiado acostumbrados a la impunidad. Al mismo tiempo, se estudia una regulación más estricta que haga disminuir los riesgos: que una sociedad asesore emisiones de deuda y las califique, y que sean los emisores quienes paguen el trabajo de calificación es, cuando menos, chocante.

miércoles, 6 de febrero de 2013

La portavoz de los desahuciados, Ada Colau, incomoda a los Diputados en su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso




Ayer ha intervenido ante la Comisión de Economía del Congreso la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH,  Ada Colau, quien ha afirmado que en la normativa sobre ejecuciones hipotecarias se da un "desequilibrio de responsabilidades" entre deudores y entidades financieras y ha calificado la situación de "estafa generalizada".

Colau, compareciente ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones de expertos durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha pedido que las reformas previstas incluyan medidas urgentes, entre las que mencionó la dación en pago retroactiva y una moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual de deudores de buena fe.

Colau ha criticado con vehemencia la intervención del representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), que ha intervenido previamente en la Comisión, a quien ha calificado de "cínico" y "criminal" por decir que la legislación vigente no es la causa de los desahucios. "No es un experto. Los representantes de los bancos han causado el problema. No le he tirado el zapato porque he creído que es más importante contarles a ustedes cuál es nuestra posición", ha dicho.

Además, ha negado que la dación en pago sea una amenaza económica y ha alertado de que España no saldrá de la crisis si se les expulsa a los ciudadanos que sufren una ejecución hipotecaria del sistema y se les empuja a la economía sumergida. El presidente de la Comisión le ha reclamado sin éxito que retirase sus calificativos sobre el representante de la AEB. Según el análisis de Colau, la ciudadanía no ha accedido a una hipoteca de forma libre e informada. El Estado negaba la burbuja inmobiliaria y los bancos ofrecían contratos diseñados en exclusiva por ellos, sin ofrecer la opción de negociarlos y en muchas ocasiones con cláusulas abusivas.

Colau ha afirmado, al final de su intervención, que la respuesta de los diputados ha sido "una reacción a la defensiva" ante una situación de "incompetencia manifiesta" que desde el comienzo ha liderado la sociedad civil. 

Colau ha invitado a los señores diputados a recoger al final de su comparecencia sobres con las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Estos sobres "no contienen ilícitos, sino propuestas muy razonables", ha matizado.

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martes, 5 de febrero de 2013

Consumidores masivamente estafados. "El crimen de los aparatos", artículo de Vicente Molina Foix




El crimen de los aparatos. 


Grandes estafas que afectan a miles de consumidores se saldan con una multa


Soy poseedor, como todos ustedes, de una variada gama de electrodomésticos de las marcas más reconocidas, y mi satisfacción global con ellos es grande; tanto, que la mayoría ha crecido a mi lado, alcanzando una edad apenas un poco menos longeva que la mía. De hecho, el microondas, al que me siento enormemente apegado, y el ordenador de consola, constituyen, cada uno a su modo, vestigios de una era electrónica pre-moderna. ¿Se le puede tener cariño a un lavaplatos, a un fax, a una maquinilla de afeitar, a un tocadiscos? Se le puede. Yo soy la prueba.

Imaginarán, por tanto, el estupor, la congoja, la ira y el desencanto que se apoderaron de mí al saber que las empresas Philips, LG, Panasonic, Toshiba y Samsung habían sido declaradas culpables de un grave delito de fraude comercial junto a otra, Technicolor, de la que no creo tener ningún producto en mi parque doméstico de aparatos. La operación fraudulenta, como lo contaba una noticia fechada en Bruselas hace pocas semanas, consistía en “amañar el negocio de los tubos catódicos”, componente técnico que, sin estar seguro de lo que es en puridad, debo de tener empotrado, de nuevo como todos ustedes, en la entraña del televisor. Los altos ejecutivos de esas firmas, conchabados en la conspiración, se reunían periódicamente en hoteles de lujo asiático y allí pactaban los precios del tubo en cuestión, su reducida producción, para encarecerlo de modo abusivo, y el reparto de cuotas y mercados, que ha durado por lo visto diez años. Delatadas dichas prácticas por un ‘arrepentido’, la Comisión Europea les ha impuesto conjuntamente la mayor multa de la historia comunitaria, 1.470 millones de euros. Mucho dinero, diría yo, para la mayoría de nosotros. ¿Y para ellos?

Pasado el momento de la consternación inicial, de la melancolía doméstica, de la cólera retrospectiva, algo mucho peor que el ‘caso criminal de los tubos catódicos’ cobra relieve, sobre todo si lo relacionamos con otros delitos de envergadura conocidos por las mismas fechas. A saber: la Unión de Bancos de Suiza (UBS), pagará 1.250 millones de euros por manipular los tipos de interés del mercado interbancario, algo en lo que sigue al Barclays británico, entidad que tuvo que abonar en junio de 2012 el equivalente a 360 millones y por las mismas causas, mientras que nuestra Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha castigado con una multa de119 millones a tres de las grandes operadoras telefónicas, Movistar (que habrá de pagar 44,49 millones), Vodafone (43,52 millones) y Orange (29,95 millones), por cargar precios excesivos al servicio mayorista que prestan, a los operadores móviles que no disponen de red propia, en el envío y recepción de mensajes de texto (SMS). Muchas siglas, mucho dinero, mucha multa. Muchísimo sinvergüenza.

Se trata, sin embargo, de prácticas corrientes, casi podríamos decir que acreditadas y previstas en el funcionamiento del mundo mercantil. Un mundo en el que los consumidores, los usuarios de una pantalla de plasma o un frigorífico, los clientes de un banco, los ilusos que nos comunicamos tecleando en el móvil lo que los franceses, en simpática ‘espagnolade’, llaman “textòs”, estamos como víctimas propiciatorias en el centro de una red tensada, por un lado, por los empresarios entregados al logro de la estafa, sabedores de que en el extremo opuesto de la red está la autoridad, en estos casos disfrazada del Tío Paco de la rebaja, o de magnánima diosa de la multa. Y se extiende así entre nosotros la conciencia de que el delito forma parte del curso de las cosas, instaurándose el principio tácito de que engañar, abusar, estafar, amañar, y robar con guante blanco son modalidades inherentes al tejido de nuestra trama vital. Todo el mundo lo hace, o lo haría, es el corolario de ese principio, imperfecto sólo por una razón: a alguno de los delincuentes se le pilla. De hecho, el fundamento de tal sistema es el juego de azar, sujeto a las caprichosas vueltas de la bola de la culpa en la ruleta de la justicia. ¿Y si toca?

Si toca, llega la super-estructura del organigrama: la multa. La multa como panacea, como redención, como respiradero del fétido submundo del robo sistemático, es decir, sistémico. Y con ello, la gran sospecha en aumento: ¿Depende la continuidad del tinglado del equilibrio entre esas dos deidades protectoras que Santayana, con ácida ironía, veía como los amigos sobrios que sostienen la borrachera del error humano, manteniéndolo en límites aceptables? Para el filósofo inglés nacido en Madrid esas dos deidades eran el Castigo y el Acuerdo.

La multa y el pacto, en términos políticos actuales. Y de ese modo, la financiación ilegal de un partido, con su cuantiosa propina embolsada por el intermediario, el comisionismo de los alcaldes y los concejales, el uso de dinero público para gastos privados, el desvío de lo sustraído a cuentas en Suiza o paraísos de latitudes más cálidas, son patas del sistema, patas de lobo con pezuña negra blanqueada, que en público conviene denostar y sin las que, pueden decir los cínicos, el ‘status quo’ no se mantendría estable.

Encima de las patas está el cuerpo social, más y más separado en función de su debilidad y su musculatura. El prevaricador, el defraudador, el estafador, si es detectado por la ley, saca pecho y paga. Rara vez paga su culpa; paga la calderilla de una pena pecuniaria para la que lleva años acumulando reservas.

Ningún banquero corrupto o inepto en la cárcel, pese al daño sin reparación causado a millones de ciudadanos; ningún político indigno y vil, de cualquier sigla, en la cárcel, pues si acaso llegara a entrar, no tardará el indulto de sus conmilitones o de sus colegas de otra ideología, convertidos por ‘compañerismo’ en cómplices de la inmoralidad; ninguna empresa multinacional suspendida en sus actividades por el lucro indebido. Y, por el contrario, el pequeño delincuente, el insolvente, el que le adeuda al banco una suma que no tiene, por no tener trabajo, o el que le debe al gobierno de su ciudad un tributo que el gobernante no deja de acrecentar, ah, ése habrá de responder con todo lo que tenga, y con lo que no tenga, y será desposeído, humillado y encausado con una celeridad pasmosa que los poderosos de la balanza dilatan años y años con las mañas de sus caros asesores legales.

Decía La Rochefoucauld que “Somos muchos más duros con los que nos traicionan en pequeñas cosas que con los que cometen grandes traiciones a los demás”. Vivimos un momento de grandes traidores, no todos criminales, aunque los traidores a su cometido representativo, a su función rectora, son igual de dañinos. Cada día resulta más difícil confiar en los ‘aparatos’; los de la política según está establecida, los de la empresa, ávida, por encima de todo, de ganancia en la cúpula, los de los organismos supranacionales, tan a menudo aquejados de parálisis. Mientras, en Grecia, que fue la cuna de la civilidad, asaltan estos días las sedes de los partidos, las oficinas de los periódicos y a ciertos gobernantes significados con bombas incendiarias y cócteles Molotov hechos en la cocina. No es una buena noticia. En realidad, ni siquiera es noticia. Se esperaba. ¿Desesperaremos?

Vicente Molina Foix es escritor.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358522366_991129.html

Un ejemplo a seguir: diputados suecos





Los miembros del Riksdag (Parlamento sueco) no trabajan menos que otros y sin embargo no tienen privilegios.

Lo normal es que vayan a su trabajo en transporte público o bicicleta. Si tienen que residir en la capital durante la semana lo hacen en pequeños apartamentos con lavandería comunitaria. Tampoco tienen asistentes ni derecho a vehículo oficial.

Todo un ejemplo a seguir sintetizado en este pequeño reportaje emitido por una cadena brasileña.


lunes, 4 de febrero de 2013

PP y PSOE vetan en el Congreso a los jueces más críticos con los desahucios




El Partido Popular, con el aval del PSOE, ha vetado la presencia en el Congreso de los dos jueces que más se han destacado en sus críticas hacia la legislación actual de desahucios. Ni Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y coordinador de un informe demoledor contra el sistema, ni José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española, serán escuchados en la Cámara por los diputados que trabajan en la ley que ha de plantear las reformas necesarias. En ninguna de las dos audiciones previstas de mañana y el miércoles habrá un solo representante de la judicatura, el estamento que más de cerca conoce el problema de los desahucios y que se ha destacado por su movilización en este asunto.

Tras la publicación del informe de Almenar en octubre pasado, la alarma social desatada por los estragos de la crisis y varios casos de suicidio de personas afectadas por los desalojos, el Gobierno aprobó en noviembre pasado medidas urgentes para frenar los procesos contra las personas en situaciones más precarias. El Congreso ha de convalidar esas medidas y buscar modificaciones legales de más calado.

El nombre de Almenar para acudir a la comisión había sido propuesto por CiU y por el grupo popular. Almenar, sin embargo, solo recibió hace tiempo la llamada de la formación política catalana para saber si estaba de acuerdo en su candidatura. Ha sido descartado sin que nadie le haya vuelto a contactar. José María Fernández Seijo iba a acudir a propuesta del PSOE, pero el viernes recibió una llamada de los socialistas para advertirle de que ya no contaban con él. Los miembros de la comisión de Economía y Competitividad del Congreso que organiza las audiciones sí lograron mantener, en cambio, la comparecencia de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que el grupo popular se oponía. Su comparecencia la reclamaban los socialistas, CiU y la Izquierda Plural.

Finalmente, solo comparecerán en las audiciones seis de los diecinueve expertos propuestos por los grupos. Dos de ellos representan a la banca y otros dos, a los afectados. La lista final es la siguiente: Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, Fernando Pedro Méndez, experto en derecho registral de la Universidad de Barcelona, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca y Ada Colau.

Alberto Garzón, el representante de Izquierda Unida, deploraba ayer, al igual que UPyD, la eliminación de los dos jueces llamados a comparecer, y culpaba al PP de convertir las audiciones en una operación de imagen. “El PP es el que ha forzado que haya solo seis expertos y que estos sean escuchados durante solo quince minutos. El PSOE tiene por costumbre pactar con el PP de forma sistemática en la comisión de economía y competitividad del Congreso”. La portavoz socialista en dicha comisión, Leire Iglesias, explica que lo que su partido pretende es “intentar llegar a acuerdos”. “Nos costó meter a Ada Colau y nos pidieron renunciar a alguien. El PP también lo ha hecho. Nosotros valoramos el cambio a mejor del Gobierno, que ha pasado de no querer revisar nada a lanzar este proceso legislativo”. El diputado popular que lleva este asunto, Pablos, Matos rehusó hablar ayer con EL PAÍS. Dijo a través de un portavoz que el PP busca el máximo consenso.

José María Fernández Seijo estaba ayer perplejo ante la situación generada, mientras que Almenar fue más comprensivo. “Lo importante”, dice, “es que se tomen medidas legislativas que sean más equilibradas para ambas partes en los procesos de desahucio”. A pesar de contar con su acuerdo, la socialista Leire Iglesias lamenta la ausencia de ambos en el Congreso. “El problema fundamental está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el informe de los jueces de octubre pasado coordinado por Almenar fue muy importante al respecto. Ellos conocen bien los procedimientos”.

La medidas urgentes aprobadas en noviembre dejaron en suspenso durante dos años los desalojos que afectaban a los ciudadanos más vulnerables. Para Leire Iglesias es urgente una reforma más profunda de la legislación para evitar abusos de ley y unos intereses de demora excesivos. De hecho, esas suspensiones no han paralizado los procedimientos. “Al cabo de dos años, según nuestros cálculos, los acogidos a dichas medidas habrán aumentado, de media, su deuda con los bancos en 18.000 euros y todavía pueden perder sus casas”.

Fuente:  El País