miércoles, 28 de octubre de 2015

Sobre la privatización de los servicios públicos. La estafa de las privatizaciones



LA ESTAFA DE LAS PRIVATIZACIONES

Javier Álvarez Villa / Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.


La transferencia masiva de la gestión de servicios públicos hacia empresas privadas se ha sustentado en un gran engaño argumental. La clase política institucionalizada dio por supuesto, con el apoyo incondicional de los altavoces mediáticos del poder económico, que la gestión privada resultaba más barata que la pública y que era más eficiente, ágil y de mejor calidad, frente a la supuesta lentitud y desidia de las estructuras burocratizadas.

Dos premisas rotundamente falsas que, sin embargo, fueron calando como lluvia fina en la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas a los que se halagaba con el cortés tratamiento comercial de clientes.

El menor coste de la gestión privada de los servicios públicos en ningún caso se justificó con informes solventes que sirvieran de motivación para los procesos de contratación. Pero los estudios “a posteriori”, realizados después de que se consumara la mercantilización de lo público, vinieron a desvelar la impostura. Así, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013, sobre la fiscalización del sector público local del  ejercicio de 2011, concluye que la gestión privada de la limpieza viaria, del abastecimiento de agua potable y de la recogida de residuos sólidos tiene un coste medio superior a la gestión directa realizada con medios propios de los Ayuntamientos.

El servicio de limpieza viaria de los municipios tiene un coste medio de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona directamente el municipio y 27,83 euros –un  71% más– si el servicio lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la Administración; el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado; y el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste medio por habitante de 48,76 euros, 42,55 euros en los casos en los que se presta con personal y medios de titularidad municipal y 53,90 en los municipios en los que se presta por empresas privadas.

Por lo que se refiere a la deficiente calidad de la gestión directa de los servicios públicos, utilizada como coartada privatizadora, casi siempre fue generada adrede por los gestores políticos, reduciendo las plantillas de personal mediante la congelación de las ofertas de empleo público y cerrando el grifo de las inversiones. En los últimos cuatro años asistimos a un caso dramático de degradación intencionada de la sanidad pública, cuyo presupuesto se redujo en 10.000 millones de euros entre los años 2009 y 2013 (el 16,3 %), mientras crecían exponencialmente las listas de espera en los hospitales. Los datos aparecen en un  informe del Ministerio de Hacienda, hecho público a comienzos del presente año 2015, conforme al cual el gasto sanitario de las Administraciones Públicas fue en 2013 de 63.006 millones de euros, 9.933 menos que en el año 2009. En términos de PIB, 0,8 puntos porcentuales menos.

Los procesos de privatización de los servicios públicos han encarecido el coste para las arcas públicas, empeorando la calidad de muchas prestaciones y deteriorando las garantías jurídicas de los usuarios. Además, son un grave foco de corrupción y clientelismo laboral.

La privatización de los servicios municipales de abastecimiento de agua, por poner un ejemplo muy significativo, ha caído en poder del duopolio formado por Agbar, controlada por el grupo francés Suez Environnement SA y la constructora FCC, cuyo accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim, la primera fortuna del mundo. FCC ha diversificado su oferta de prestaciones de servicios públicos y, así, en el concejo de Oviedo es concesionaria, además del agua (bajo la marca comercial Aqualia), de la limpieza, la recogida de basuras y del servicio de la grúa.

Agbar figura como el principal donante de la fundaciónde Convergencia Democrática de Cataluña implicada en un proceso judicial de corrupción a gran escala por la financiación ilícita del partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y FCC aparece en los papeles de Bárcenas como donante de generosas sumas ilegalmente trasferidas al Partido Popular.

Una de las filiales del grupo Agbar, Aquagest, protagoniza la llamada “trama del agua”, una tupida red para la obtención de contratos por medio de sobornos, tráfico de influencias, regalos y viajes a personas con poder de decisión en numerosos Ayuntamientos de Galicia y de Asturias, que actualmente investiga la Audiencia Nacional. 

Clientelismo laboral 

Seguramente, una de las consecuencias más graves de la privatización masiva de servicios públicos, si no la peor, ha sido la pérdida del control público de los procesos de selección de los trabajadores vinculados a dichos servicios.

Los Estados Democráticos de Derecho han reconocido como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los puestos del sector público en condiciones de igualdad, siguiendo procedimientos en los que solo se tenga en cuenta el mérito y la capacidad de los aspirantes. El reconocimiento de este derecho fundamental distingue a los Estados modernos, no solo del Antiguo Régimen, donde los puestos públicos se obtenían por herencia, se compraban o eran un privilegio estamental, sino también del Estado liberal decimonónico, en el que el partido gobernante elegía a sus propios empleados públicos, que cesaban en masa cuando entraba a gobernar el partido alternante (sistema de botín).

Pero, además, el acceso a los puestos públicos mediante procedimientos libres que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad constituye la principal garantía de la actuación imparcial de la Administración Pública y del sometimiento de la misma al interés general. Esta forma de acceso y la fijeza en el empleo constituyen el baluarte que protege a los trabajadores públicos de las presiones internas del poder político y de las externas del poder económico.

La privatización de los servicios públicos, en la medida en la que convierte en privados también a los puestos de trabajo asociados al servicio, recorta y restringe el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los puestos del sector público y compromete gravemente las condiciones para que se preste de manera imparcial, pues desprotege a los trabajadores de las principales garantías para ello: deber el puesto exclusivamente a su propio mérito y la fijeza del empleo.

Junto a las grandes concesiones de servicios públicos, ha proliferado también la adjudicación de contratos de servicios a empresas bien relacionadas con consejeros, alcaldes o concejales, para la prestación de actividades a las Administraciones Públicas, en muchos casos, superfluas, innecesarias o ficticias. Una de las consecuencias más graves de esta red clientelar es el acceso de trabajadores de estas empresas a la condición de empleados públicos mediante el mecanismo fraudulento de la cesión ilegal.

El Ayuntamiento de Oviedo es un buen ejemplo de esta política clientelista de contratación. En los últimos años al menos 70 trabajadores han accedido a la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento siguiendo el mismo proceso fraudulento: adjudicación de un contrato de servicios a una empresa privada cuyos trabajadores se instalan en oficinas municipales, quedando bajo el control y la dirección de funcionarios públicos del Ayuntamiento, demanda ante los Juzgados de lo Social instando el reconocimiento de la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento, comparecencia en el juicio de los concejales y funcionarios que promovieron el contrato para testificar a favor del trabajador y confirmar la cesión ilegal, y sentencia favorable a aquél.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo admitió a trámite en el mes de diciembre de 2014 una querella presentada por el grupo municipal de Foro Asturias por cesión ilegal de trabajadores de la empresa Asac Comunicaciones, imputando al jefe de Gabinete del Alcalde, al jefe del Servicio de Modernización del Ayuntamiento y al consejero delegado de la empresa.

El clientelismo laboral no es solo un privilegio para el trabajador que entra en la Administración por la puerta falsa. Se trata, fundamentalmente, de un agravio comparativo para todos los ciudadanos y ciudadanas que tenían derecho a acceder a ese puesto en igualdad de condiciones.

La regeneración democrática que hoy exige de forma mayoritaria la ciudadanía pasa inexcusablemente por poner fin a la gran estafa de las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, volviendo a la gestión directa de los mismos. Los partidos políticos que se han comprometido a liberar la política del control del poder económico tienen aquí su principal piedra de toque. El proceso no será fácil porque los capataces políticos del capital han dejado un terreno minado.

Habrá que elaborar, con paciencia y rigor, un programa de “remunicipalizaciones” y tomar medidas que pueden resultar incómodas, porque nadie puede suponer que gobernar para desmontar un régimen clientelar sea una tarea fácil. Una de ellas, entre las fundamentales, recuperar para el empleo público los puestos de trabajo ahora privatizados, seleccionando a los trabajadores (funcionarios y personal laboral) a base de estrictos principios de igualdad, mérito y capacidad, porque el proceso de recuperación de lo público, si se quiere que sea legítimo, no puede admitir atajos.

martes, 6 de octubre de 2015

Cláusulas suelo. El Tribunal de la UE decidirá mañana si la macrodemanda de las cláusulas suelo presentada por una asociación de consumidores puede frenar miles de casos



 




Miles de consumidores tienen sus demandas paralizadas porque la ley exige que antes se resuelva una colectiva de un juzgado de Madrid que, además, les va a vincular. Las cláusulas suelo han sido declaradas nulas por la mayoría de la jurisprudencia, pero muchos bancos siguen cobrándolas y el Parlamento no las ha anulado. 

JULIA PÉREZ 

MADRID.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, celebra este miércoles una vista para resolver si es acorde al derecho europeo que miles de españoles tengan sus demandas contra cláusulas suelo paralizadas porque están obligados a esperar a que un juzgado de Madrid resuelva un procedimiento colectivo, sentencia que, además, les va a vincular aunque ni siquiera estén presentes en la causa.

La cuestión prejudicial fue elevada al TJUE por Bárbara Córdova-Cordoba, juez de lo Mercantil número 9 de Barcelona. La magistrada preguntó en 2014 al alto tribunal europeo si el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es contrario al Derecho de la Unión al obligar a dejar en suspenso una demanda individual de un consumidor cuando exista un procedimiento colectivo y al vincular el fallo de dicha causa al resto de afectados, sea cual sea su resultado, y quienes ni siquiera han podido participar en la causa. 

El Juzgado Mercantil 11 de Madrid debe dictar dicha sentencia sobre una demanda presentada en el año 2010 por 15.000 hipotecados agrupados en la asociación Adicae (Asociación de consumidores y usuarios).

La juez Bárbara Córdova-Cordoba dejó en suspenso dos demandas a la espera de la respuesta del tribunal europeo. Una demanda fue interpuesta por una hipoteca firmada contra Caixabank y la otra contra Catalunya Caixa (asuntos acumulados C‑381/14 y C‑385/14). 

Los demandantes defienden ante la juez de Barcelona su derecho a litigar a título individual, desvinculándose de la acción colectiva entablada por Adicae, y reclaman la totalidad del dinero cobrado indebidamente.

Por su parte, Caixabank y Catalunya Caixa solicitan que se suspenda el procedimiento hasta que no se resuelva la acción colectiva de nulidad planteada por Adicae en Madrid. 

Falta de solución política 

La decisión que adopte el TJUE será crucial para la economía de miles de familias. Se calcula que existen 3.300.000 contratos hipotecarios con cláusulas suelo en España, que impide la rebaja del pago de intereses aunque baje el precio del dinero como ahora ocurre. Otras fuentes estiman en 2.000.000 los contratos hipotecarios firmados con dichas cláusulas. 

De ellos, se calcula que se han presentado unas 100.000 demandas, lo que ha provocado el colapso de los 50 juzgados mercantiles de España, jurisdicción ya de por si sobrepasada a causa de la crisis. 

La respuesta del Gobierno ante la avalancha de demandas no ha sido anular las cláusulas suelo, sino impulsar en el Parlamento una ley que entra en vigor el 1 de octubre y que diluye el conflicto entre los juzgados de primera instancia, a donde se pueden presentar las demandas en lugar de los Mercantiles (Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio). 

En el año 2014 el Banco de España recibió casi 16.000 reclamaciones contra cláusulas suelo interpuestas por consumidores, hasta el punto de que tuvo que recurrir a una empresa externa para tramitarlos.

Ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han dado instrucciones a las entidades para que suspendan estas cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. 

Protección del consumidor ante los abusos bancarios 

Desde que el 9 de mayo de 2013 Tribunal Supremo confirmara la nulidad, por abusivas, de las cláusulas suelo de un proceso colectivo contra BBVA, Cajas Rurales Unidas y NCG, miles de perjudicados han presentado demandas contra estas cláusulas-tipo introducidas en sus contratos sin negociación previa. 

El Derecho de la Unión establece que, antes de firmar un contrato, el consumidor debe ser informado de forma clara y comprensible, con información relevante, veraz y suficiente, sobre las condiciones del contrato firmado con una empresa. 

La nulidad se basa en la protección de los derechos del consumidor frente a aquellas condiciones generales de un contrato que resulten abusivas y de las que el consumidor no ha sido informado previamente. 

Estos derechos están amparados en la Directiva 93/13/CE y puede ser invocados en España para todo contrato firmado a partir de 1993. 

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo, la mayoría de los juzgados y de las Audiencias Provinciales consideraban que el dinero a devolver era desde el momento mismo en que entró en vigor la cláusula suelo, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, el Supremo fijó una frontera: la devolución del dinero cobrado indebidamente sería a partir de su sentencia del 9 de mayo de 2013. La razón: se causaría un "grave transtorno" a la economía nacional. 

Una estimación conservadora calcula que el sector financiero percibe cada año por las cláusulas suelo unos ingresos superiores a los 500 millones de euros.

Ahora bien, las cláusulas suelo eran residuales hasta que en 2003-2004 comenzaron a generalizarse en los contratos hipotecarios de las cajas de ahorro, BBVA y Banco Santander. 

¿Desde cuándo devolver el dinero? 

Muchos jueces han considerado que el criterio fijado por el Tribunal Supremo en las cláusulas suelo afecta a los contratos de las entidades incluidas en su sentencia, al ser una demanda colectiva, pero no al resto de las entidades financieras. 

Existe división en los juzgados y las Audiencias sobre la frontera que fijó el Supremo para devolver el dinero cobrado indebidamente con una cláusula suelo. El alto tribunal establece la fecha de su sentencia del 9 de mayo de 2013.

Unas Audiencias Provinciales han acordado respetar la frontera fijada por el Supremo; otras consideran que el dinero a devolver tiene que ser desde que la cláusula anulada entró en vigor. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido ya varias cuestiones prejudiciales desde España, donde los jueces preguntan si deben respetar la frontera temporal fijada por el Tribunal Supremo o anular una cláusula abusiva desde el momento en que entró en vigor, con la devolución de la totalidad del dinero cobrado indebidamente, más sus intereses.

Todos los juzgados y tribunales que se han dirigido al tribunal europeo han pedido que la duda sea resuelta por el procedimiento acelerado, dada la envergadura del problema creado en España con 3.300.000 contratos firmados que estarían afectados, como argumenta la Audiencia de Álava que esta misma semana se ha dirigido al TJUE.

El TJUE aún no ha respondido. Estas cuestiones prejudiciales han sido planteadas por el juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, así como por las Audiencias Provinciales de Alicante, Castellón, Zamora y Álava. 

Los jueces españoles preguntan si el criterio del Tribunal Supremo colisiona con la moderna jurisprudencia del TJUE. El tribunal europeo ha sentado que un juez no puede recalcular los intereses de una cláusula nula y que debe ser devuelto todo el dinero ya que la Directiva 93/13/CEE debe tener un efecto disuasorio en las empresas para conseguir que los derechos de los consumidores que protege sean respetados.

MÁS INFORMACIÓN
Fuente: Público

viernes, 2 de octubre de 2015

Robar tres millones de euros a uno o robar un euro a tres millones, de Antonio Avendaño




Juan Torres recuerda de nuevo el asunto en un artículo de Público cuyo titular lo entendería hasta el mismísimo Carlos Floriano: ‘Así roban las eléctricas’. El aplicado catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla sintetiza con precisión científica la información y los argumentos que viene reuniendo en su web www.estafaluz.com el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, olvidado caballero andante que lucha desde hace años en solitario contra los gigantes eléctricos.

El resumen del resumen de Torres es este: las eléctricas nos tangan 0.15 euros cada mes a unos tres millones de familias, de manera que centavo a centavo, tacita a tacita, ya llevan cobrados de más 35 millones de euros desde 2006.

Y bien, ¿por qué nos roban y, más importante, por qué nos dejamos robar? Pues nos roban porque pueden y nos dejamos robar porque nos roban poco… a cada uno. El truco está ahí: si les robas tres millones de euros de una vez a un pardillo éste te llama ladrón, te denuncia y tu atraco acaba saliendo en los telediarios, pero si le robas un euro cada seis meses a tres millones de pardillos, lo más probable es que ni se den cuenta siquiera. Solo se dan cuenta cuando llega un Antonio Moreno con su estafaluz.com o un Rubén Sánchez con su Facua y se lo demuestran. Quien sí lo nota, en cambio, es el atracador, que ve cómo su cuenta de resultados mejora, digamos, a razón de unos 6 millones de euracos al año. 

El caso de las eléctricas con sus contadores, de Volkswagen con sus emisiones de gas, de las casas de coches con sus ofertas pactadas, de las gasolineras con sus precios amañados, de las telefónicas con sus tarifas abusivas en relación al resto de Europa… Todos ellos nos vienen engañando todo lo que pueden porque saben que 1) no los vigilan; 2) si los vigilan los vigilan poco; y 3) si los cazan irán a la cárcel.

Lo más que suele pasar cuando los cogen es que les ponen una multa, sí, pero nunca tan grande como para arruinar el negocio y tener que cerrarlo, pues ello ocasionaría muchos despidos. Del mismo modo que el dinero de los depositantes es el rehén con que los bancos negocian con el Estado para eludir su quiebra echando mano de fondos públicos, el empleo es el rehén con que las grandes compañías negocian con el Estado su impunidad. Si me dejas quebrar la gente perderá su dinero, dicen los bancos; si me multas demasiado la gente perderá su empleo, dicen las eléctricas o las telefónicas.

¿Esto tiene arreglo? Bueno, es dudoso que lo tenga mientras el Estado no se tome en serio a sí mismo. Recordemos que el fraude de Volkswagen no lo descubrió el Estado, aunque esta vez no le haya quedado más remedio que ejercer de Estado. El robo de las eléctricas no es que no lo haya descubierto, es que dice que no existe. Y cuando el fraude lo descubre él mismo –como en el caso de los gasolineras repercutiendo a toda velocidad en sus precios la subida del petróleo pero haciéndose los suecos con la bajada– cuando es la Comisión de la Competencia, es decir, cuando es el Estado quien descubre el fraude ya se ocupa el propio Estado de que su descubrimiento no tenga consecuencias graves.

Lo malo, lo grave, en fin, es que estas denuncias solo se las toman verdaderamente en serio los partidos de izquierda radical, las asociaciones de consumidores más combativas o los medios situados en los márgenes del sistema, salvo cuando el escándalo es imposible de ocultar, como ha sucedió con Volkswagen. Es más: si hubiera estado en la mano de los propios Estados, sea el español o el alemán, haber hecho público el fraude de Volkswagen, ¿qué cree el improbable lector que habría sucedido: que lo habrían denunciado a los cuatro vientos o que habrían buscado un discreto arreglo en la sombra con los ejecutivos de la marca? En efecto, pío lector, esa que estás pensando es la respuesta correcta.

¿Saldrá Volkswagen vivo de ésta? Casi seguro que sí, y lo hará por la misma razón que salieron vivos los bancos del crack financiero: porque tienen un rehén.

Fuente: www.andalucesdiario.es