jueves, 27 de noviembre de 2014

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000 millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

 

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000 millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Fuente: http://www.nuevomodeloenergetico.org 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañía eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas, según denunció la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en julio del pasado año y publica el diario El País.

Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.

La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.

Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más.

Descargar la denuncia aquí

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miércoles, 19 de noviembre de 2014

Asturias sanciona a los bancos con ‘cláusulas suelo’ en las hipotecas


Las cláusulas suelo (aquellas que no permiten que baje la cuota aunque lo hagan los tipos de interés) afectan a unos 3,5 millones de familias. Después de perder más del 90% de las demandas judiciales, los bancos están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo en el tiempo y caro por los costes. La Unión de Consumidores de Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas abusivas, apoyándose en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que las calificó así cuando no estuvieran bien explicadas a los clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la entidad.

El Gobierno autónomo, tras cumplir los trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda.

Hasta el momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000 euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias), Banco Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes, pero seguirán el mismo camino ya que los casos son similares, según Dacio Alonso, presidente de Unión de Consumidores Asturias-UCE. “Si se sancionan todos los contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43 millones de euros”, calcula.

Sin embargo, la estrategia de la Unión de Consumidores no es buscar la sanción al banco sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con el perjudicado. Así se consigue el objetivo principal que es la retirada de la cláusula y el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los juzgados, que están atascados por la multitud de casos que les llegan. El Banco Sabadell, con fuerte implantación en la región por haber comprado el Banco Herrero, no tiene ningún caso denunciado porque ha pactado con sus clientes.

Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque el importe es inferior a 30.000 euros.

Para el banco es más rentable pagar los 8.000 euros que mantener la cláusula porque si no la retira, la siguiente sanción tiene la calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.

Dacio Alonso considera que el Principado “ha actuado con mucha valentía porque las entidades financieras afectadas son las que le financian y han hecho muchísima presión para evitar las sanciones”. En opinión del presidente de la UCE de Asturias, lo más importante de esta vía “es que puede agilizar los trámites para las 3,5 millones de familias [en toda España con cláusulas suelo en sus hipotecas. Todos los Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada. Se limitan a recomendar al perjudicado que se dirija al Banco de España, a sabiendas que este organismo tampoco hace nada porque dice que no es de su competencia”.

“La Unión de Consumidores denuncia la connivencia y prevaricación de los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo siguiendo el ejemplo de Asturias, optaron por proteger sus intereses, antes que el de sus ciudadanos”, afirma en un comunicado. Esta organización pretende que estas cláusulas “le cuesten dinero, reputación y clientes a los bancos”, apunta Alonso.

Según los cálculos de la UCE, esta cláusula supone un sobrecoste por la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales. También afirma que la cláusula suelo impide al cliente beneficiarse de las rebajas en el tipo de interés que algunos bancos prometieron a los hipotecados que domiciliaban la nómina, contrataba una tarjeta o varios seguros. “Como dijo la sentencia del Supremo, estas oferta eran engañosas, no hay duda”.

jueves, 13 de noviembre de 2014

La lucha contra una estafa generalizada a los consumidores. ¿Por qué no imitamos a los franceses?



Francia planta cara a la obsolescencia programada con penas de cárcel y multas de 300.000 euros

El Gobierno francés ha plantado cara a la industria en un encarnizado combate contra la obsolescencia programada, que implica que la empresa produce bienes con una caducidad estipulada de antemano.

La tarea es titánica, debido a la implantación de este concepto en la economía occidental, espoleador del consumo, por lo que Francia ha apostado por implementar medidas de alcance por la vía penal y administrativa.

Así, los empresarios estarán expuestos a penas de cárcel, y las multas a las compañías podrán ascender hasta los 300.000 euros, según informa el portal Puromarketing.com. Estas medidas vendrán a completar la Ley de Consumo actual y pretenden erigirse como un modelo para otros países europeos.

La iniciativa partió de la formación política de Los Verdes, quienes argumentaban que la obsolescencia programada era nociva para el medio ambiente, la sostenibilidad y componía un engaño para el consumidor.

Frente a esto, el Gobierno galo tratará de fomentar el consumo de productos duraderos, instando a aumentar el tiempo de garantía o garantizando la existencia de piezas de sustitución.

Fuente: El economista

martes, 11 de noviembre de 2014

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD PÚBLICA. GIJÓN SUFRE SISTEMÁTICAMENTE NIVELES INTOLERABLES DE MICROPARTICULAS RESPIRABLES (PM10)

 La UE exige a España que tome medidas contra la polución en Gijón antes de fin de año 

La Comisión da un ultimátum para cumplir con la normativa que limita la concentración de partículas y amenaza con denunciar al Estado

Fuente: El Comercio
Iván Villar
«España y Grecia no protegen a sus ciudadanos de la contaminación por partículas finas». Así de firme se muestra la Comisión Europea en un dictamen en el que urge a ambos estados a adoptar medidas contra los incumplimientos de la normativa sobre polución. El escrito menciona de forma expresa a Gijón, el área catalana del Vallés y el Bajo Llobregat y algunas 'zonas rurales' de Andalucía -principalmente Villanueva del Arzobispo (Jaén)- como únicas «aglomeraciones» de España «que han venido sufriendo desde 2005 una exposición continua a niveles excesivos de PM10», esto es, partículas suspendidas en el aire de un diámetro inferior a diez micras.

Estas partículas, según remarca la propia UE, «pueden provocar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura». Por ello da a España y Grecia -que también lleva incumpliendo desde 2005 los niveles máximos en Salónica- un plazo de dos meses para que adopten soluciones que permitan acabar lo antes posible con este problema en las zonas mencionadas. De lo contrario, «la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal (de la Unión Europea)», lo que enfrentaría al Estado a una posible sanción económica. El dictamen fue emitido el 16 de octubre, por lo que el ultimátum para que España actúe «de modo prospectivo, rápido y eficaz para que el periodo de incumplimiento sea lo más breve posible» expirará a mediados de diciembre. 

En el último informe de evaluación de la calidad del aire en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se indica que en 2013 solo seis estaciones de medición de todo el país superaron el valor límite diario de 50 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico de aire -que no puede sobrepasarse más de 35 veces al año-, frente a las 49 que lo hacían en 2006. Dos de esas estaciones son las de la avenida de la Argentina de Gijón y la de Matadero, situada en la zona portuaria de Avilés. La UE recuerda que deberían haberse tomado medidas ya en 2005.

Ayer el coordinador local de IU de Gijón, Marcos Muñiz, hizo referencia al dictamen de la Comisión Europea y aseguró que «la situación empieza a ser de urgencia». Lo hizo durante una rueda de prensa conjunta con la concejala Rosa Libertad Bueno en la que presentaron la pregunta que su grupo municipal planteará el viernes en el Pleno a la alcaldesa en relación con las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento «para hacer cumplir la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico».

La edil recordó que esa norma municipal prevé la aplicación de sanciones «sobre los agentes que excedan determinados límites de emisiones» y consideró que «dada la gravedad que ha adquirido la contaminación atmosférica en nuestro municipio parece justo ofrecer a la ciudadanía información sobre el modo en que el Ayuntamiento está ejerciendo sus responsabilidades de control». Bueno aseguró que no consta que desde la entrada en vigor de esa ordenanza, en 2004, se haya abierto ningún expediente sancionador y anunció que la intención de IU es denunciar el problema de la polución en Gijón tanto en la Junta General del Principado como en el Parlamento, a través del diputado Gaspar Llamazares.

Daños en la salud

Junto a Rosa Libertad Bueno y Marcos Muñiz también compareció para analizar este problema el coordinador del área de Ecología y Sostenibilidad de IU de Gijón, Luis Miguel Fernández, quien hizo hincapié en la inacción del Principado, «que es quien debe tomar medidas para prevenir daños en la salud de los vecinos de la zona Oeste». Fernández recordó que además del tráfico rodado, en la calidad del aire de estos barrios tiene gran incidencia la actividad industrial, «pero lo único que hace el Gobierno regional cuando hay un problema de contaminación excesiva como el que hubo estos días es enviar cartas amables a las industrias contaminantes».

Puso como ejemplo un escrito remitido el pasado 24 de octubre por el director general de Calidad Ambiental a los responsables de Arcelor Mittal, con motivo de la existencia de unas condiciones meteorológicas «que producen una mala difusión de los contaminantes». En él se pedía «extremar las medidas de control a fin de evitar las emisiones difusas de partículas en suspensión», solicitud que según IU tan solo se tradujo en «pequeños consejos» de la empresa a sus trabajadores, como moderar la velocidad de circulación de los camiones, usar los toldos de los remolques o humedecer la mercancía a granel que pueda desprender polvo. Luis Miguel Fernández remarcó que «hay dos marcos legislativos que permitirían tomar medidas disciplinarias».

El PP también llevará al Pleno del viernes una pregunta sobre la contaminación en la zona Oeste.


domingo, 9 de noviembre de 2014

Carta abierta de Rafael Mayoral a la Judicatura: "aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen"


Carta abierta a la Judicatura: aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen