Tras
la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra
el "absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los
médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por
enfermedad común" - que ha sido apoyada con incentivos económicos por
los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las
Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les
concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que
les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro
anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo
laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más
débiles, es decir, los enfermos.
La
campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los
sindicatos y los comités de empresa (salvo limitadas campañas en
Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las
Plataformas de defensa de la sanidad publica.
La
aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio
absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se
generaliza el "Presentismo", es decir, la practica de acudir enfermo al
trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades
económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los
complementos salariales recogidos en los convenios.
Ley de mutuas
Con el objetivo de reforzar la lucha contra "el absentismo laboral injustificado" y conseguir "mejorar la competividad de las empresas",
el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual
dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas
de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que
la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades
profesionales.
A
partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el
primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la
enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los
supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de
la incapacidad temporal por contingencia común.
Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica,
sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de
la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y
seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario
podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas
motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de
la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá
de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un
informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la
Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente
sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación
económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas
resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso
judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen
reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas
anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.
Asimismo,
la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las
Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años
90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar
dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.
¿Qué son las mutuas?
Con
la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas
se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los
posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de
trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas,
pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de
control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.
Con
la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en
plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La
protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los
trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que
será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades "sin animo de
lucro" colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional
de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será
trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.
En
la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con
diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles
nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo,
Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa,
Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal,
Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos
anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas,
disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.
De
asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores
accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y
competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores
Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que,
independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han
venido afirmando, con poca vergüenza que "la gestión privada es más
eficaz que la publica".
Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:
- La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.
- La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Las
Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince
empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas
con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un
representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el
cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad
remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe
obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de
mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK
(la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la
CEOE en diferentes mesas de negociación.
Se
continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones
de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones
empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un
representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así
como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación,
con fondos destinados a ayudar a las victimas.
Resulta
ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones,
mediante la participación trimestral en las reuniones de forma
gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical
perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando "escraches" u
otras movilizaciones de respuesta.
Consecuencias de la Ley de Mutuas
No
cabe duda que, con las nuevas competencias, las Mutuas reducirán el
absentismo mediante la presión y el maltrato a los enfermos. Los
Inspectores de Sanidad y los médicos de atención de primaria se verán
desbordados y mayoritariamente desistirán de realizar contrainformes de
respuesta a los criterios de la Mutua. Por esta razón terminarán
imponiéndose los criterios economicistas, salvo que se reactive la
respuesta y la movilización social. Las Mutuas presionaran al enfermo
para forzar el alta, especialmente en el caso de enfermedades
psicológicas o músculo esqueléticas, incluidas las embarazadas, con el
agravante de que las Mutuas no disponen de especialistas en dichas
patologías.
Aumentará
el control con detectives sobre la vida privada del enfermo. No es
casualidad, que sean las Mutuas quienes mas demandas de investigación
solicitan a estás Agencias. Quien conozca su práctica no tendrá dudas
del aumento automático del "presentismo" por parte de los trabajadores
enfermos, ante el riesgo de ser despedido o declarado "NO APTO" en las
empresas.
Las
Mutuas lograrán alterar las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas, favoreciendo al trabajador de baja para su rápida
incorporación laboral, mientras eternizaran la espera de los
desempleados o pensionistas con similar lesión. Igualmente, presionaran
a los trabajadores que han sido despedidos por causar baja para que
cojan el alta y así eludir el pago de las prestaciones, que irán a cargo
del desempleo. El carácter universal de la sanidad publica será
cuestionado por los criterios economicistas y aumentará la desigualdad.
Aunque
el control de la Incapacidad Temporal tiene que realizarse en las
instalaciones y por profesionales de las Mutuas, la Ley les permite
realizar conciertos con otros centros privados para acelerar
diagnósticos, favoreciendo el negocio privado de la sanidad. No cabe
duda que el control de la Incapacidad Temporal por las Mutuas favorecerá
su estrategia de ocultar el origen profesional de las enfermedades,
eludiendo así sus repercusiones, incluso para las empresas. Los costes
del tratamiento de dichas enfermedades coadyuvarán a deteriorar los
presupuestos de la sanidad pública, hasta hacerlos insostenibles.
La
reducción de las cifras de enfermedad profesional reconocidas a partir
del año 2006, cuando las Mutuas asumieron su gestión, evitó que
tuvieran repercusión tras la ampliación del
listado de enfermedades. Es decir, dejo en evidencia las consecuencias
de "poner al zorro al cuidado de las gallinas".
Las
Mutuas lograrán en estas condiciones, si no se reactiva la respuesta
sindical, una gestión "rentable", reduciendo el absentismo: aumentará
la practica de usar mano de obra sana y tirarla cuando deja de ser
productiva, al posibilitar mayores recursos económicos, que serán
utilizados para subvencionar a las empresas, vía incentivos tipo
"bonos" por inversiones preventivas, o se reducirán las cuotas
empresariales, como exige la CEOE y las fuerzas de la derecha política.
Necesidad de un cambio en la orientación sindical
Los sueños
de grandeza de algunos dirigentes sindicales, que veían con envidia la
cogestión de las Mutuas alemanas, olvidándose del contexto y
correlación de fuerzas, les llevó a volcar sus esfuerzos en tratar de
convencer a las direcciones de la Seguridad Social y la CEOE de las
ventajas del modelo alemán, olvidando mientras tanto la imprescindible
respuesta a las agresiones cotidianas de las Mutuas y al aumento de sus
competencias en la enfermedad común, cuya principal consecuencia fue
que ganó terreno la perspectiva de dualizar la sanidad.
En
el colmo de la herencia "fidalguista", las direcciones confedérales de
CCOO y UGT, llegaron a firmar Acuerdos con la patronal recogiendo
"perlas" como estas: "Desarrollar un programa especifico
para la eficaz gestión de la Incapacidad Temporal, basado en: La mejora
de la colaboración de las Mutuas con la Administración de la Seguridad
Social y los servicios públicos de salud, para el control de los
procesos y el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con
el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales y el
gasto en prestaciones de Seguridad Social" o "Mantener la naturaleza jurídica de las Mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios…" o "Con
el objetivo de eliminar el absentismo injustificado se elaborara
trimestralmente un ratio de evaluación de su comportamiento…etc."
Afortunadamente,
la actual dirección confederal de CCOO ha rechazado con firmeza el
proyecto de ley de Mutuas, en el que las reivindicaciones mas
elementales - como la co-decisión, es decir, que el
concierto con una u otra Mutua en las empresas sea acordada de forma
conjunta por el empresario y la representación de los trabajadores, o
lograr una representación directa en las Juntas Directivas -, han sido
arrojadas con desprecio a la papelera.
Activar la respuesta conjunta
Urge
activar la respuesta sindical a las agresiones e intromisiones de las
Mutuas en la enfermedad común. Las amenazas y recortes de prestaciones a
los enfermos no pueden abordarse como un problema individual: urge la
respuesta colectiva en defensa de la salud y la defensa de la sanidad
publica.
Algunas experiencias, como las realizadas por CCOO de Euskadi, pueden orientarnos en la respuesta:
· Las
concentraciones de delegados frente ASEPEYO, UNIVERSAL y MC MUTUAL, en
respuesta a la extinción de la prestación económica a trabajadores
enfermos lograron modificar la resolución de la Mutua; en algún caso
bastó con el simple aviso a la prensa de la concentración para que
cambiase la resolución de la Mutua.
· Es
posible impedir en la empresa que la Mutua intervenga en la gestión de
la enfermedad común, introduciendo cláusulas en los convenios que
rechacen el concierto de la empresa con la Mutua. El ámbito de la
empresa permite conocer mejor los motivos de las bajas, quien realiza
fraude o las tiene justificadas. Contra dicho concierto de las empresas
con las Mutuas se han producido huelgas en alguna empresa siderúrgica,
pues afortunadamente existe una posición común en el sindicalismo
vasco. Así, el convenio de los empleados públicos del Gobierno Vasco y
otras empresas importantes, como la Papelera de Errenteria, tienen
cláusulas que impiden la actuación de las Mutuas en la enfermedad
común.
· La
actividad sindical realizada para visualizar las enfermedades
profesionales, logrando indemnización por miles de euros de
hipoacusias, lesiones de muñeca, silicosis y cánceres derivados del
amianto, entre otras enfermedades, permite ganar apoyos en la respuesta
a las Mutuas. Igualmente urge que los médicos de atención primaria
pregunten al enfermo acerca de su actividad laboral y no solo por sus
hábitos de vida, asumiendo la obligación de comunicar la sospecha del
origen profesional de las enfermedades que diagnostiquen.
Lamentablemente,
en la mayoría de las ocasiones, en ausencia de una acción
perseverante, el problema se individualiza, resultando siempre
perdedores los enfermos.
Finalmente,
no cabe duda, la solución más barata y socialmente más rentable contra
el absentismo es investigar las causas de las enfermedades y promover
medidas preventivas. Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud, los
trastornos músculo esquelético, derivados de los movimientos
repetitivos, sobreesfuerzos e intensos ritmos de trabajo, junto al
estrés y los riesgos psicosociales, son las principales causas del
absentismo laboral en el Reino de España: su prevención laboral es
posible, rentable y necesaria.
Las
Mutuas, la CEOE y el PP lo saben, pero no les importa. Su interés y
objetivo es hacer negocio mediante la dualización y la privatización de
la sanidad. Si permitimos que avancen por ese camino, lo lamentaremos.
Por ello, urge la respuesta desde la empresa, los sectores o
territorios, promoviendo una amplia alianza en defensa de la salud y la
sanidad pública.
Jesús Uzkudun Illarramendi, es activista en defensa de la Salud Laboral. Exsecretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi (1996-2012)
Fuente: Revista electrónica sinpermiso
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